Los magistrados Jorge Rodríguez-Zapata y Roberto García-Calvo.
El Gobierno, más cerca del Constitucional tras la recusación de dos magistrados conservadores
@Alberto Mendoza.-13/03/2008 06:00h
El Gobierno ganó ayer una batalla en la lucha por el control del Tribunal Constitucional con la recusación de los dos magistrados tildados de conservadores Roberto García-Calvo y Jorge Rodríguez-Zapata. Así, ambos magistrados quedan apartados para decidir sobre el recurso del Partido Popular contra la Ley Orgánica, impulsada por el Ejecutivo de Rodríguez Zapatero que reforma el funcionamiento del Alto Tribunal. Una decisión que fuentes judiciales consideran apropiada desde el punto de vista técnico, pero que trasluce un fondo de marcado carácter político.
En principio, la recusación despeja el camino para un fallo favorable a esta ley, que incluye la participación de las comunidades autónomas en el proceso de renovación del Tribunal; y que implica mantener en el puesto al presidente del Constitucional cuando el final de su mandato y el final de su periodo como magistrado no coincidan, sosteniéndolo en el puesto esos meses de diferencia. Este es el caso de la actual presidenta, Emilia Casas, cuyo mandato terminó en junio de 2007, pero se alargó, gracias a un pacto hasta entonces no escrito, primero hasta diciembre de 2007, momento en que expiró su cargo como magistrado y, luego, hasta la actualidad, debido al bloqueo político existente para la renovación de este órgano judicial.
El Tribunal Constitucional está integrado por doce magistrados, que disfrutan de nueve años en el cargo, y que son elegidos a propuesta del Congreso de los Diputados (cuatro), del Senado (cuatro), del Gobierno (dos), y del Consejo General del Poder Judicial (dos). La renovación se realiza por tercios cada tres años y es la del Senado la que está pendiente en la actualidad.
Es habitual la lectura política de los movimientos del Constitucional y, cuando en marzo de 2007 el PSOE acordó con IU-ICV y CiU la reforma de la Ley Orgánica de este Tribunal, se entendió como una forma de blindar a Casas, considerada progresista, como presidenta, garantizando así su voto de calidad en caso de empate en asuntos como el Estatuto de Cataluña o el matrimonio homosexual. Hay que tener en cuenta que, en febrero de 2007, el Constitucional recusó a Pablo Pérez Tremps, supuestamente progresista, a petición del PP, en relación al recurso de este partido contra el Estatut.
Con la ausencia de Pérez Tremps, los doce magistrados quedan reducidos a once, haciendo imposible un empate y, por tanto, descartando el voto de calidad de Camps. De este modo, de no producirse otra recusación en relación al Estatuto catalán (la Generalitat fracasó en su intento de recusar al magistrado Rodríguez-Zapata), la deliberación sobre esta materia contará, a priori, con seis magistrados tildados de conservadores (García-Calvo, Rodríguez-Zapata, Javier Delgado, Ramón Rodríguez Arribas, Guillermo Jiménez y Vicente Conde) frente a cinco considerados progresistas (la propia Casas, Elisa Pérez Vera, Eugenio Gay, Pascual Sala y Manuel Aragón).
Es decir, una situación que podría beneficiar al PP, a no ser que el Gobierno logre activar a tiempo en el Senado el proceso de renovación de un tercio del Alto Tribunal, incluyendo nombres afines que equilibren la balanza. Algo bastante complicado, ya que el Constitucional debe decidir primero sobre su propia Ley Orgánica y, de considerarla óptima, se debería poner en marcha el proceso de selección de los nuevos magistrados en la Cámara Alta, pero contando con la participación de las diecisiete comunidades autónomas.
En este caso, el tiempo corre en contra del Gobierno, dado que, además, el PP está pendiente de lo que suceda en junio en su propio Congreso, del que debe salir su candidato para 2012 con un nuevo equipo. Por ello, difícilmente el Grupo Parlamentario en el Senado del PP se atreverá a pronunciarse sobre una materia tan delicada antes de conocerse el nuevo liderazgo popular. Asimismo, el Constitucional se encuentra con un buen atasco de recursos pendientes, comenzando por la reforma de su propia ley, pasando por los siete presentados contra el Estatuto catalán, y siguiendo con el matrimonio homosexual. Éste será el orden en que se estudiarán, de acuerdo con fuentes cercanas al Tribunal, siendo el recurso el PP el primero entre los referidos al Estatut.
La incógnita Conde
No obstante, el Gobierno podría contar con otra baza que rompa el simplificado esquema de magistrados conservadores y progresistas. Se trata de Vicente Conde, quien, pese a ser tildado de conservador, ha demostrado en más de una ocasión que va por libre. La última muestra ha sido su apoyo a la recusación de García-Calvo y Rodríguez-Zapata, pero antes ya se salió del guión al votar a favor de reinterpretar la prescripción del delito en el asunto de los Albertos.
Como informó Carlos Sánchez en este diario, Conde se sentía el candidato natural del PP para presidir el Constitucional, pero sucedió que su compañero Rodríguez-Zapata no le votó en su día como venganza por la posición de Conde en contra de la admisión a trámite del Plan Ibarretxe, algo que defendía el PP. El argumento de Conde fue que el Plan Ibarretxe no estaba, ni está, aprobado, y el Alto Tribunal no analiza planes, sino leyes. Ahora, Conde parece que le ha devuelto otro golpe a Rodríguez-Zapata apoyando su recusación.
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Opiniones de los lectores (12)
12. 
manolo sevilla13/03/2008, 19:19 h.
Es una pena el desprestigio y la politización de este Tribunal. Es una teoría su función en la Constitución, ya que el poder de turno (me da igual el color) ha politizado y desnaturalizado con sus miembros y sus componendas. Ese velo en los ojos de la Justicia no parece verse en la realidad, a juzgar por estos y otros acontecimientos vividos. Habría que reflexionar legislativamente el Gobierno ya que es precisa una regeneración, puesto que, la imágen de los jueces debe quedar en su lugar y en la de imparcialidad y equidad que tienen o deben tener los ciudadanos. Dicho sea con todos los respetos.
11. ciudadano brasil13/03/2008, 17:44 h.
estos juegos politicos , venganzas , presiones y hasta "Albertos" dan argumentos a los que dicen que la palabra Juez se utiliza a veces muy a la ligera
10. Barrio del Carme13/03/2008, 17:08 h.
En conclusión: El resultante inconstitucional TC juzgará el inconstitucional Estatuto de Cataluña, con la Presidenta del TC casada con uno de los jueces -más que recusable- que cobró del Gobierno de Cataluña por dictámenes "ad hoc". (Es el mismo TC que libra de ir a la cárcel a los Albertos -los primos y amigos de toda la plutocracia- pese a condenarlos el Tribunal Supremo por reconocidos y solemnes ladrones y falsificadores. ¿En estas personas queda la defensa de la unidad y la soberanía nacionales y el respeto a la igualdad de todos los españoles?. Pues, miren, sea cual sea finalmente su veredicto sobre el Estatuto no tienen ninguna legitimidad.
9. extramuros13/03/2008, 16:48 h.
Además, en EE. UU. los Magistrados del Tribunal Supremo son nombrados a perpetuidad con el fin de que no teman vaivenes políticos o de otra índole. De esa forma, aplican puntualmente la justicia sin acordarse por quien o quienes fue nombrado.
8. memen13/03/2008, 16:43 h.
Vergonzoso. Y lo más indignante es que haya foreros, los de siempre, que, encima, están contentos. No sé de qué. Si por parte del Poder se eliminan controles, es inconcebible que haya gente que le apoye. Si no hay cortapisa, se se denigra a la Oposición, léase unicamente PP, se se jalean los desmanes ¿ qué nos queda de democracia? ¿ en qué nos distinguimos de Castro, Chavez, o del gobierno de Ginea?.
En EEUU, de los que ahora copiamos hasta las bolsas de papel, las competencias sobre La Constitución son del Tribunal Supremo, ¿ por qué, aquí, no puede ser lo mismo?. Si el cargo de Juéz fuera vitalicio ¿ se vería esta subordinación vergonzosa al Poder?
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