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El caciquismo antiguo es hoy pura telecompra. Como siempre, quienes menos cuentan en una campaña electoral son los decididos o, mejor, los convencidos; los que manifiestan dudas y aquellos que corren el grave riesgo de no participar componen la masa real a que se dirigen los políticos. Si antes se hacía con presión, amenaza o compra, la sutileza contemporánea explota las reglas inefables del mercado: una publicidad incesante y entrometida, una puesta en escena atractiva y unas frases genéricas y adornadas bastan para camelar al más pintado. El resto lo cumplen con perfección el juego de las encuestas y la opinión de los periodistas, que vienen a ser uno y lo mismo.

Los debates electorales, en tal sentido, representan la quintaesencia de la publicidad democrática. No se trata en realidad de mostrar las bondades de una o varias propuestas de gobierno, sino de enseñar con imágenes la idoneidad formal de cada cual. ¿Qué importa lo que se diga? El objetivo primordial es quedar bien ante las cámaras, pillar al contrario en algún renuncio y decir con la cara lo mucho que uno se sacrifica por el pueblo. No se exigen conocimientos, no se precisa ninguna formación cultural, ni siquiera se tiene por requisito básico una expresión decente: la forma única de ganar o perder es seducir al espectador con lo que el espectador quiere ver. La actio, amplificada con las nuevas técnicas de la telecomunicación, es el fundamento de la contienda y ha terminado por sustituir definitivamente al contenido.

Pero ello solo no bastaría, en realidad, si las encuestas no ejercieran su función adyuvante. Cuando, al poco de un debate, las empresas mediáticas enseñan los resultados de unas cuantas llamadas telefónicas o a los pocos días indican el veredicto de unos miles de personas anónimas, se forja ipso facto otro de los grandes cauces publicitarios de la democracia. En cierta forma, esas encuestas están diciéndoles a los votantes qué opinión han podido filtrar del debate de marras. Uno ve a los políticos (nunca los escucha, pues que el lenguaje sirve ya de poco), se acuesta indeciso, y al día siguiente resopla de serenidad cuando se adhiere por fin al resultado mayoritario de las encuestas: si dicen que ha sido así, será porque ha sido así.

El remate, en fin, lo ejecuta la casta periodística. Puesto que, al parecer, el oficio ha abandonado la vieja obligación de la objetividad, todo se reduce a obedecer unas consignas y, de acuerdo con ellas, interpretar la realidad para crear la opinión, es decir, para asignarla entre la gente. Y la parroquia, sin saber muy bien qué decir al principio, aguarda con nervios el juicio de sus figuras mediáticas. Sin apenas tiempo de reflexión, los periodistas echan sus opiniones sobre los políticos plegándose a los prejuicios y, por supuesto, defendiendo como postura propia el ideario de la casa, que siempre se funda en la ganancia y que, por tal, puede cambiar cuando convenga. Si tal ocurre, el periodista variará sus pareceres con aplastante lógica, pero seguirá interpretando sin titubeo alguno la realidad política que nos rodea.

Políticos, encuestas y periodistas, en definitiva, construyen el armazón de la democracia publicitaria y así, entre otras cosas, enjuician los debates electorales como exponente máximo del espíritu democrático. Pero la imagen que resulta de tal componenda es casi como la de aquellas guerras homéricas que se dirimían con peleas auténticas entre los jefes de ambos bandos: buena falta hacen explicaciones contrastadas, propuestas sensatas o soluciones apropiadas a los males más urgentes; la incógnita electoral se resuelve mucho mejor con unos cuantos enfrentamientos entre caudillos políticos a fuerza de imagen, costra y apariencia.

Si el asunto se hubiera querido hacer con mínima dignidad, los periodistas tendrían que haber impuesto sus condiciones a los políticos y no haber aceptado unos debates tan amañados y vacíos. Asimismo, bien por preguntas de terceros o con un guión de temas concretos, los políticos deberían haber afrontado obligatoriamente algunos asuntos de máxima preocupación: la reforma de la constitución y de la ley electoral, para que de una vez queden fijadas la competencia y estructura del Estado y perfectamente limitados los partidos regionales; la necesaria independencia de los tres poderes y, en especial, de la justicia, que se confunde del todo con la acción legislativa y hasta ejecutiva y que da tan a menudo espectáculos bochornosos; o, en fin, la política exterior, que apenas importa sino como excusa para seguir con los trastornos internos. Pero no: los políticos montan su espectáculo, los periodistas obedecen a sus patrones, las encuestas dispensan opiniones y el personal, satisfecho y soberano, anda ya eligiendo el chándal con que irse a votar el domingo. Qué emoción.

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