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El censo electoral y los cambios en el reparto de diputados muestra una España muy distinta a la que inició su andadura democrática en 1977. El norte pierde empuje, es menos atractivo para los nuevos españoles, que se decantan por el Levante.

Los ciudadanos españoles elegimos a 350 representantes para el Congreso de los Diputados. La Constitución establece que la circunscripción es la provincia, uno de los defectos que se le atribuyen, así como el sistema proporcional. La distribución de esos escaños en función de la población muestra como pocos informes, estudios o encuestas los cambios que ha atravesado España en los últimos 30 años.

En 1977, fechas de las primeras elecciones libres desde 1933, la población registrada en España era de 36.079.655 personas y el censo electoral de 23.583.762. En 2008, la población de derecho asciende a 45.200.737 y el censo electoral a 35.072.209. Gran parte de este aumento, como sabemos, se debe a la inmigración producida en los últimos años y a las nacionalizaciones concedidas en los últimos años, que suman varios cientos de miles de personas, unas por ser descendientes de españoles y otras simplemente por vivir varios años legalmente en nuestro territorio. Por ello, ninguna provincia tiene menos población en este año que en 1977, pero sí que ha crecido menos, es decir, que es menos atractiva tanto para los nuevos como para los viejos españoles.

Entre unas y otras elecciones, 20 escaños han cambiado de circunscripción y las afectadas han sido 29 provincias, de las que 17 han perdido uno o dos representantes y otras 12 han ganado. Este primer dato muestra ya la concentración de gente en menor superficie.

Si marcamos en un mapa los cambios veremos que las provincias perjudicadas se sitúan, de manera mayoritaria, en la costa cantábrica y atlántica del norte, así como en el interior. Las cuatro provincias gallegas, Asturias, León y Zamora han perdido todas diputados. También Vizcaya y Guipúzcoa. En la costa cantábrica sólo la provincia de Santander, ahora Cantabria , mantiene la misma asignación de escaños que en 1977. Las otras provincias con menor representación son Barcelona, Soria, Cuenca, las dos extremeñas, Zaragoza, Jaén y Córdoba, todas interiores, salvo Barcelona. En estas elecciones, Soria ha pasado a ser la provincia con menor número de diputados, dos, pues se le ha retirado uno. Entre 1977 y 2008 su censo electoral ha pasado de 73.992 personas a 77.366. Los casos más llamativos son los de Asturias y Vizcaya, las únicas a las que en 1977 se les asignaron 10 diputados, han perdido dos escaños cada una. El mismo número ha perdido la provincia de Barcelona, pero se nota mucho menos porque mantiene 31 actas.

Las beneficiadas son las provincias que se extienden a lo largo de la costa entre el estrecho de Gibraltar y Francia (salvo Granada, que mantiene los mismos siete diputados de hace 30 años, y Barcelona), más los archipiélagos y el Gran Madrid, es decir, Madrid y Toledo.

Como prueba de su pujanza, Madrid se ha situado como la provincia más poblada. En 1977 ese puesto correspondió a Barcelona, a la que se atribuyeron 33 escaños; en segundo lugar, estaba Madrid, con 32 escaños. En las elecciones de 2004, Madrid ganó un diputado más, con lo que la relación entre ambas es de Madrid con 35 representantes y Barcelona con 32.

Otra provincia que ha crecido en tres diputados es Alicante, que ha pasado de 9 a 12. ¡Un crecimiento de un tercio! El censo de esta provincia se ha duplicado en 30 años, al haber pasado de 556.525 personas a 1.194.053. El mismo fenómeno se da en Murcia, cuyo censo ha pasado de 450.752 electores a 969.923, en Málaga y Las Palmas.

Cuando se agrupan los cambios por comunidades autónomas, que no existían en 1977, se aprecian con más claridad los cambios. Las menguas de Barcelona, Cuenca, Jaén y Córdoba son compensadas con los crecimientos de otras provincias de su misma región. Salvo Extremadura, las comunidades que han perdido representación se encuentran en la que se consideraba la media España más rica y desarrollada, mientras que las que la han aumentado están en la España pobre. Aragón y Castilla y León aparecen como regiones de lento declive, que se frena por los focos de Valladolid y Zaragoza, más en el caso castellano, su condición de territorio de desahogo de Madrid: inmensas extensiones de terreno donde la población se agrupa en una pocas ciudades. Galicia, Asturias y Vascongadas son las regiones donde la decadencia se está produciendo de manera imparable, sin que el museo Guggenheim, los premios Príncipe de Asturias ni la Ciudad de la Cultura lo puedan impedir.

Al distribuirse los escaños en 1977, Barcelona, Vizcaya y Asturias no eran sólo provincias con mayor peso demográfico en España, sino que, además, eran ricas por sus industrias: minería, siderurgia, textil, astilleros... Treinta años más tarde, las han superado en importancia económica y política Madrid, Valencia, Alicante, Murcia y Baleares, volcadas en sectores como el financiero, el turístico, el agrícola especializado, el informático...

La cornisa cantábrica corre el riesgo de convertirse en una zona subvencionada o mendiga, dependiente de las transferencias de fondos externas para mantener el nivel de vida de unas poblaciones que están disminuyendo por la emigración, por la baja natalidad y por la renuencia de los inmigrantes a instalarse en esas provincias. Las tres provincias más pobladas de esta zona de España son Asturias, Vizcaya y La Coruña. Por mucho que su población sea ahora mayor que en la década de los 70, ésta ha decrecido en comparación con el total nacional.

Compárense estos datos con el crecimiento de tres provincias mediterráneas, que en las primeras elecciones tenían menos población que las del norte.

Las tres primeras han perdido cinco diputados y las tres segundas han ganado siete. Por último, añadimos la evolución de las dos circunscripciones más pobladas.

Jaén, Cáceres o Lugo han sido siempre provincias pobres, poco desarrolladas; Asturias, La Coruña y Vizcaya han sido, en cambio, polos de atracción de industrias, inversiones y profesionales. Ahora, con la desaparición de empresas, la marcha de los grupos más cualificados y jóvenes y la desmoralización colectiva, pueden quedar apartadas del desarrollo general.

En estos treinta años, Galicia, País Vasco y Asturias han perdido en total nueve diputados, lo que supone casi el 15% de la representación obtenida en 1977 para las dos primeras regiones y el 20% para la asturiana. En estos momentos, la única industria pujante asturiana, y la que fomentan sus autoridades locales, es el turismo rural .

El caso vasco merece un análisis más detallado. Obviamente, en el Estado de las Autonomías es innegable la responsabilidad de las Administraciones, los políticos, las universidades y los empresarios locales en la marcha de cada comunidad. Esta responsabilidad se agrava en los partidos nacionalistas y más aún en el País Vasco debido a su régimen fiscal privilegiado: el Concierto Económico. Desde 1980, el PNV ha controlado el gobierno autonómico vasco, así como las Diputaciones (salvo la de Álava entre 1999 y 2007), ha modelado la sociedad a su antojo mediante los medios de comunicación y la educación, ha formado una red clientelar, ha revitalizado una lengua ignorada incluso por muchos de sus propios militantes, pero ha fracasado en asegurar la pervivencia del pueblo vasco: los vascos se niegan a tener hijos. ¿Por desconfianza en el futuro?, ¿por egoísmo?, ¿por asco?

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