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El cirujano rebelde del Hospital Universitario de Canarias tendrá que ser readmitido e indemnizado. La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Canarias ha fallado a favor de la demanda del doctor Ignacio Díaz de Tuesta por despido improcedente, aunque no por acoso laboral. Acusación esta última dirigida contra su superior, el jefe del servicio de cardiocirugía Rafael Martínez Sanz. Tuesta fue despedido en junio de 2006 después de haber presentado una sucesión de denuncias internas por la presunta alta mortalidad en quirófano. Una tasa que duplica la del resto de hospitales españoles, según el facultativo, y por la que la Fiscalía de Tenerife ha abierto diligencias previas.

La sentencia del despido, a la que ha tenido acceso El Confidencial, detalla que no ha existido mobbing, entre otras cosas, “porque no existe en nuestro país, ningún tipo de definición legal del fenómeno de acoso moral en el trabajo” puesto que las leyes anti acoso vigentes “sólo se refieren a conductas relacionadas con la discapacidad de una persona y al principio de igualdad de trato” y, además, para el juez “no es fácil discernir cuando nos hallamos ante un supuesto de acoso moral y cuándo ante simples tensiones laborales generadas por la propia organización empresarial”.

Según un informe del psicólogo experto en mobbing Ignacio Piñuel, emitido el 20 de noviembre de 2007, Tuesta “refiere persecución y hostigamiento psicológico ejercido contra él en su entorno laboral inmediato por parte de otros médicos de su servicio a partir del momento en que denunció una serie de irregularidades y malas prácticas profesionales” con el diagnóstico de “trastorno por estrés postraumático agudo por cuadro de mobbing”.

Los escritos que remitió el cirujano rebelde alertando de irregularidades de el servicio de cirugía cardiaca se sucedieron desde el 4 de diciembre de 2001, al doctor Martínez por falta de facultativos en las guardias; el 5 de abril de 2005, de nuevo a Martínez por “el grave deterioro de los pacientes de la Planta Segunda”; el 25 de mayo de 2005, a la Gerencia denunciando que la mortalidad en los partes de tarde superaba el 5%; el 15 de junio de 2005, a la Dirección Médica para indicar que los índices de mortalidad estaban fuera de los límites aceptables y para solicitar una investigación interna.

Sólo dos días después, el 17 de junio de 2005, el HUC abrió un expediente disciplinario al doctor Tuesta por falta de ética con hasta 6 faltas graves. La misma Sala de lo Social del TSJ de Canarias confirmó cinco de ellas en dos sentencias de marzo y octubre de 2007. Da la casualidad de que esta Sala está presidida por María del Carmen Sánchez-Parodi, quién el pasado 26 de junio de 2007 optó por remitir un escrito, conocido por este diario, en el que admite tener “una amistad íntima” con el doctor Martínez Sanz por lo que se abstenía en el procedimiento abierto por la demanda de despido improcedente y acoso laboral que, como venimos diciendo, ha sido ahora admitida en parte.

Resto de denuncias

Según la documentación que obra en el expediente del juicio, pese haber sido expedientado, el cirujano rebelde insistió con sus escritos sobre la grave situación del servicio. El 9 de noviembre de 2005 emitió una comunicación a la Gerencia del hospital advirtiendo de que la mortalidad había aumentado un 50% y las reintervenciones se habían triplicado. Posteriormente, el 24 de febrero de 2006, denunció ante la Dirección Médica, la Gerencia y la Presidencia del HUC la alta mortalidad en quirófano y solicitaba una comisión de servicios a Cirugía Cardiaca de Hospiten, centro concertado de Santa Cruz de Tenerife. En junio de 2006, finalmente, fue despedido.

El camino para corregir el exceso de decesos en quirófano tomó otros derroteros. Tuesta se dirigió a la Sociedad Española de Cirugía Torácica y Cardiovascular (SECTCV) y a la Organización Médica Colegial (OMC). La OMC se inhibió en el Colegio de Médicos de Tenerife quién, casi un año después, ha remitido las pruebas a la Fiscalía. Por su parte, la SECTCV designó a dos médicos, cuya independencia y solvencia garantizaba, para que realizaran una auditoría externa. Los resultados de la investigación se entregaron al centro hospitalario en junio de 2006 y el HUC se ha negado sistemáticamente a hacer públicos unos datos “demoledores”, según diversas filtraciones. Así las cosas, el asunto queda a la espera de las pesquisas de la Fiscalía.

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