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Los mástiles necesarios para izar la bandera española en los edificios oficiales de Euskadi no están "dentro de las prioridades" del Gobierno vasco. Así de claro lo ha dejado el consejero de Justicia, Joseba Azkarraga, quien ya advirtió en su día de que el presupuesto de su departamento no había reservado "ni un duro" para garantizar el cumplimiento de la Ley de Banderas que obliga a colocar la enseña nacional en todas las instituciones de la comunidad autónoma.

El Ejecutivo ha encontrado ahora, sin embargo, un nuevo argumento en el que apoyarse para mantener su actitud, que ha sido la de no izar enseña alguna, ni la española ni la ikurriña desde que los tribunales -entre ellos, el Supremo- empezaron a exigir a las autoridades vascas que acataran la legalidad vigente. El argumento no es otro que la división interna en el seno del Consejo General del Poder Judicial, que ha sido incapaz de efectuar una resolución después de que el Tribunal Superior del País Vasco le haya pedido expresamente que disponga los medios -los mástiles- para que en las sedes judiciales puedan lucir las banderas reglamentadas. La solicitud fue presentada al Pleno del CGPJ el miércoles por el portavoz del Consejo, Enrique López, el vocal para Euskadi Juan Pablo González y su compañero Carlos Ríos.

Se da la circunstancia de que el Ejecutivo de Vitoria ha anunciado una querella contra González por haber acusado a los dirigentes del tripartito de favorecer los intereses de los violentos con cada manifestación que convocan en contra del Poder Judicial en el País Vasco. Pero pese a que el asunto se colocó encima de la mesa, el plante de los siete magistrados de la llamada mayoría progresista impidió cualquier acuerdo en torno a las banderas.

No es la primera vez que resulta imposible que el Consejo llegue a pacto alguno sobre asuntos referidos a la situación en Euskadi: mientras la mayoría conservadora se alinea, aunque no de forma unánime, con la actual dirección del Tribunal Superior Vasco, es conocida la comprensión que el vicepresidente del Consejo, Fernando Salinas, ha expresado hacia algunas de las demandas más controvertidas de los nacionalistas -como los consejos territoriales-, mientras que el vocal propuesto por CiU, Alfons López Tena se ha convertido también en el representante de los intereses del tripartito vasco ante el Poder Judicial, del que el PNV quedó excluido a raíz de su enfrentamiento con el PP de Aznar tras la firma del Pacto de Lizarra.

El caso es que, ahora, Azkarraga considera que la división del CGPJ en torno a la aplicación de la Ley de Banderas avala su tesis de que ésta no es una cuestión esencial en estos momentos. "Si ni sus miembros se ponen de acuerdo en el tema, da la impresión de que no es un asunto tan trascedente". Su conclusión es que éste es un "conflicto artificial", provocado por "una especie de broma de mal gusto". La actitud de los integrantes del Consejo en un tema vinculado a la legitimidad del Estado en Euskadi ha provocado malestar en el Tribunal Superior, cuyos integrantes vienen sufriendo no sólo el acoso de la izquierda abertzale, sino las reiteradas críticas de las fuerzas del Gobierno vasco por enjuiciamientos como el de Atutxa y el de Ibarretxe.

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