Los despachos preparan un aluvión de denuncias, tras la aprobación del sistema de lucha contra los cárteles
Clemencia, Competencia, Gobierno, Cártel
@Julia Pérez.- 23/02/2008

El primero en denunciar un cártel y aportar pruebas, se libra de la multa. El Consejo de Ministros aprobó ayer el reglamento que regula el programa de clemencia para las empresas arrepentidas por integrar una asociación secreta de compañías donde se pacten precios, se repartan mercados o se impidan las importaciones y exportaciones en un mercado. Las multas llegan hasta el 10% del volumen de negocios total.
Los principales despachos de abogados en España llevaban semanas esperando a que el Ejecutivo aprobara este reglamento de la Ley de la Competencia. Preparan un indeterminado número de solicitudes de clemencia para que sus clientes sean los primeros en acogerse a este programa de cooperación con las autoridades. Será una carrera contrarreloj: el primer miembro de un cártel que se presente y delate a los demás, gana; los demás no podrán sumarse para librarse de las sanciones.
Las solicitudes de clemencia que barajan los despachos estos días abarcan diversos sectores –desde alimentación a medio ambiente-, según ha podido saber este diario en fuentes conocedoras de estos estudios. El reglamento, que sale adelante en forma de real decreto, entrará en vigor la semana que viene, al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del Estado. Fuentes del Ministerio de Economía no saben precisar la fecha de publicación, porque todo depende del volumen de trabajo que tenga el BOE a partir de hoy.
Habrá confidencialidad para las compañías arrepentidas que cooperen para desmantelar un cártel y lograr así la inmunidad. El solicitante está obligado a poner fin a su implicación en el cártel nada más presentar los documentos ante la Comisión Nacional de la Competencia, excepto en el caso de que se requiera lo contrario para “preservar, en su caso la eficacia de una inspección”, sostiene el reglamento de defensa de la competencia aprobado por el Consejo de Ministros.
La empresa está obligada, añade el reglamento, a “facilitar toda la información y elementos de prueba pertinentes en relación con el presunto cártel que estén en su poder o a su disposición y abstenerse de destruir, falsificar u ocultar información o elementos de prueba pertinentes relativos al presunto cártel, así como de divulgar el hecho de la presentación de la solicitud o el contenido de ésta”.
Esta legislación entra en vigor en todo el territorio nacional. España se suma así a la lista de los países europeos que tienen programas de clemencia y que son impulsados por la Unión Europea. Los programas de clemencia (leniency programme, en inglés) están vigentes en 19 países comunitarios, entre ellos Austria, Alemania, Francia, Gran Bretaña, Irlanda, Portugal y Polonia.
El reglamento considera que el cártel es “una de las prácticas más dañinas a la competencia y figura entre las infracciones muy graves en la Ley de Defensa de la Competencia”. Las multas pondrá imponerse “a los agentes económicos, empresas, asociaciones, uniones o agrupaciones de aquéllas” con un límite del 10% del volumen de negocio de la empresa infractora en el ejercicio inmediatamente anterior al de imposición de la multa. También define lo que considera cártel: “Todo acuerdo secreto entre dos o más competidores cuyo objeto sea la fijación de precios, de cuotas de producción o de venta, el reparto de mercados, incluidas las pujas fraudulentas, o la restricción de las importaciones o las exportaciones”.
Récord de multas: el cártel del mercado de las vitaminas
La Comisión de la Competencia, liderada por la holandesa Neelie Kroes, ha declarado la guerra a los cárteles por ser asociaciones ilícitas que perjudican a los consumidores europeos. En sólo siete años, desde el 2001, ha recaudado ya más de 8.000 millones de euros en sanciones a las empresas infractoras de las leyes de la competencia.
Uno de los cárteles más famosos desmantelados por el procedimiento de clemencia fue el de la empresa de vitaminas Hoffmann-La Roche, que durante diez años formó una alianza ilegal junto con otras siete compañías más. Fijaban los precios y se repartieron ocho mercados de un sector, el de las vitaminas, que se utiliza en multitud de productos (cereales, galletas, bebidas, piensos, productos farmacéuticos y cosméticos). La empresa suiza fue denunciada en cadena por sus ‘aliadas’ locales. La multa al cártel superó los 800 millones de euros, de los que 462 millones fueron sólo para Hoffman-La Roche. Es la multa más elevada impuesta hasta ahora. El dinero ingresó en los presupuestos comunitarios, como ahora lo harán en el Presupuesto General del Estado las multas que imponga la Comisión Nacional de la Competencia…. Comienza la carrera.
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