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De las agresiones sufridas por conferenciantes políticos en las últimas semanas hay un par de detalles que llaman poderosamente la atención, sobre todo desde el punto de vista informativo: los radicales y la Universidad. El brutal y cerril comportamiento de unos tipos criados en las ubres de una sociedad sin control educativo aparece matizado en los medios con cierta palabrería que disimula la realidad o que, en todo caso, advierte de situaciones coincidentes que nada importan al asunto en sí.

Hay una interés general por identificar la postura política de los agresores, como si tal aspecto diese la causa profunda del acto o, quizá, dejase lavada la fe del periodista. La palabra más usada es radicales, con la que viene ahora a llamarse a todos aquellos jóvenes que, en la defensa de su opción política, emplean medios violentos contra el adversario. Radicales de las izquierdas galleguistas zarandean a María San Gil; radicales de la Esquerra catalana atacan a Dolors Nadal; radicales de izquierda arremeten contra Rosa Díez (los periodistas, tan águilas, han señalado también la coincidencia de que se trata de tres mujeres: qué tropa, Dios mío). Radical, pues, se ha convertido en sinónimo agradecido de izquierdista extremo, inconformista, utópico, simpatiquillo si se quiere. Son chicos que no pueden soportar parados el avance enemigo y que, por convicción, por pasión juvenil y emulación de algunos líderes de la cuerda, se aprestan a impedir que los otros hablen y, si se puede, a darles algún escarmiento físico. Su juventud, de hecho, funciona también de lenitivo, pues ¿quién no perdona los pecadillos de la edad, tan propensa a la acción?

En cualquier caso, y en la España actual, la presencia de semejantes angelitos es particularmente abundante en las periferias nacionalistas, donde al absurdo mismo de dicho sentimiento se acomodan, a modo de salvoconductos, otros apelativos que los medios respetan en sus explicaciones. La sola expresión “joven radical de la izquierda galleguista” (y sustitúyase el último apellido por otro cualquiera) debería avergonzarnos a todos, pues que en tales casos se usa, como eufemismo ramplón, por el término real de delincuente. Quien comete un acto de semejante violencia está infringiendo la ley, y poco importan su pensamiento político (disculpen el oxímoron), su adscripción sexual o su gusto culinario. El hecho mismo es cosa, sin más, de policías y jueces.

Pero hay otro aspecto curioso en todos estos ataques obscenos a la libertad de expresión, que permite esbozar una leve sonrisa a los beneficiados o simpatizantes: el lugar en que se han producido, es decir, la Universidad. El Rector de la Pompeu Fabra, donde casi amoratan a la Nadal, ha dicho con cierto empaque: “la Universidad es el lugar para la razón y la palabra”. O sea: el maldito tópico que vuelve a matizar con otra perspectiva el vil delito. El medio universitario no tiene por qué añadir ningún plus de gravedad a la cosa, pues la infracción de las leyes también cabe entre sus paredes. Las conferencias se dan en las aulas magnas, en las plazas de toros o en el salón de un hotel, pero parece que todos estamos de acuerdo –la prensa la primera– en reconocer que su violenta interrupción nos solivianta más en el primer caso. Pasa lo mismo que con los asesinatos terroristas: está mal que maten a un policía, a un político o a un juez, pero que se carguen a un profesor, a un niño o a un periodista que cumple su deber es ya una salvajada. Los grados que asumimos para la valoración de un mismo delito nos delatan a las claras.

Asimismo, hemos asimilado sin mucha crítica la conversión de la Universidad en lugar sagrado de la libertad de expresión, quizá por el cuento añejo de la libertad de cátedra. Les puedo asegurar que no hay allí mucha más enjundia política ni intercambio de ideas que en las mesas de una oficina cualquiera, por no hablar ya de intrigas, pasillos y otras menudencias propias de todo microclima. Pero el tópico funciona siempre: quienes impidieron hablar a las tres conferenciantes seguramente eran estudiantes universitarios, chicos formados, comprometidos, quizá algo exagerados, pero que acabarán una carrera y formarán parte en unos años del sustrato cualificado del país. Y todos, de nuevo, sentimos el escozor de la gradación mental: no es lo mismo, claro, que agredan a Rosa Díez unos jóvenes estudiantes de la Complutense que unos soldadores, unos labradores menos jóvenes o unos riquillos fachas sin oficio ni beneficio. Las hostias universitarias, parecen advertirnos los medios, tampoco son para tanto (ahí tienen, si no, al rector Berzosa, que estima innecesaria la apertura de investigaciones sobre las agresiones a la candidata de UPyD porque, al fin y al cabo, pudo hablar).

Lo que de verdad enseña el asunto, en cualquier caso, es que hay cierta precaución por llamar delincuentes a tales sujetos, pues que ello vendría a indicar el cese brutal de la educación española, perdida en la bruma de la taifa autonómica. Pero, por lo que puede apreciarse, andamos sólo en el comienzo.

*Miguel Ángel Manjarrés es profesor de la Universidad de Valladolid.

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