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El “no se vende” se está extendiendo por la geografía española. Y no es una buena noticia, en parte, porque es la reacción contra los desmanes urbanísticos. Significa que los ciudadanos toman conciencia de la esquilmación del territorio y se organizan para intentar impedirla, o disminuirla, independientemente de quien gobierne. Esta otra parte no es ni buena ni mala. Sólo supone un resquicio de esperanza.

Eso indica la manifestación que hubo el pasado fin de semana en Santiago de Compostela, donde unos miles de personas –como siempre, unas cuentas difieren de otras– le gritaron al bipartito de socialistas y nacionalistas que ya está bien de vender su tierra a los promotores/constructores/especuladores para que hagan con ella lo que hacen.

El “no se vende” nació en Murcia, donde van a la cabeza, en los últimos años, de la explotación irracional del territorio. Y ha reverdecido en Galicia, nunca mejor dicho, cinco años después de aquella tremenda ola de solidaridad que intentó barrer con la escoba del Nunca Mais el chapapote –en Levante, dicen galipote– que arrojó el Prestige, el barco de los hilillos.

Ahora, el Nunca Mais se convierte en No Se Vende, a imagen y semejanza de los murcianos, donde, por cierto, una manifestación el sábado pasado para protestar por el gran escándalo de Totana apenas tuvo seguimiento. Cuestión de conciencia. En Galicia gobiernan socialistas y nacionalistas y parecería que se irritan en proporción inversa al nivel de los desmanes. Justo lo contrario de lo que ocurre en Murcia.

El número de manifestantes en Galicia enseña que, frente a la voz del No Se Vende local que predica en el desierto murciano, en el Noroeste, donde soplaba el fresco, la irritación con el planeamiento urbanístico que se está haciendo puede llegar a altas cotas de extensión social, porque parece ser que, precisamente, ese planeamiento es de todo menos lo que su propio nombre sugiere: ordenación territorial.

Así que en esa injusticia gallega preferida al orden racional de las cosas es donde el Partido Socialista y el Bloque Nacionalista gallegos deben rendir cuentas sobre lo que están haciendo o dejando hacer. En el Norte, junto con Cantabria, es en Galicia donde más hay que temer por los nuevos desarrollos (¿?) urbanos que todo lo invaden y todo lo corrompen. Rectifico, casi todo: ahí están los del No Se Vende.

Lo de Galicia –que se suma a la pervivencia encallada del New Flame frente a Algeciras y se une a la indecisión política para acabar con el desmán del hotel en El Algarrobico, en el parque natural de Gata– enseña que las credenciales políticas supuestamente progresistas no hay que darlas por descontadas ni garantizan nada a priori en el terreno conservacionista o medioambiental.

Cierto, la llamada derecha liberal tiene un record de agresiones al Medio Ambiente en España digno de una enciclopedia. Especialmente gracias a la desafortunada aplicación general y adaptaciones regionales de la Ley del Suelo parida en 1998, en plena ascensión del aznarismo. Las regiones de Murcia y Valencia son un ejemplo palmario.

Pero de malas prácticas ambientales, también lo son determinados ayuntamientos gobernados por socialistas en el Levante almeriense y en otros lugares, como Galicia, por donde había empezado, o Aragón, donde el PSOE de Iglesias y su Expo del Agua también tiene un record 'insostenible' comparable al del PP valenciano o murciano. Que la ley del 98 sea un canto a la insostenibilidad, sobre todo urbanística, y fuera la normativa vigente en su momento no tiene por qué derivar en que corporaciones gobernadas por la izquierda la usen al máximo y realicen o proyecten los mismos desmanes que aquellas gobernadas por la derecha autora de la norma.

Quiere esto decir que el debate o la controversia ambiental transciende el maniqueísmo político en el que ha caído la escena social española, lógica transposición del bipartidismo rampante al que se nos quiere abocar. Porque, al final, muchas malas prácticas industriales, por ejemplo, que se justifican sindical y políticamente en la creación de puestos de trabajo son pan para hoy y hambre para mañana. O lo que es lo mismo, máximo aprovechamiento hoy, destrucción irremediable mañana.

No se pueden justificar los desmanes ambientales propios mediante la tergiversación de lo que es “desarrollo sostenible”, para a continuación descalificar los excesos del contrario político como “insostenibles”. No es cuestión de palabrería sin sustancia ni de color rojo o azul, ni siquiera verde. Es una cuestión de supervivencia. Y, para eso, se necesita, además de leyes, sentido común, autocontención y responsabilidad de los gobernantes. Lo de Galicia, es un caso. Desafortunadamente, habrá más.

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