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Pierdan toda esperanza quienes ven en el "caldito" de la Nunciatura una segunda vuelta de la bronca entre el Gobierno y los obispos. Zapatero quiere tener la fiesta en paz con la Iglesia. Y no tanto por apuntarse a la doctrina de Franco sobre el clero ("La carne de cura es muy indigesta", decía el general), sino porque, a diferencia de Franco, el actual presidente del Gobierno sí respeta la autonomía de la Iglesia dentro de un Estado no confesional.

Tampoco le costará a monseñor Monteiro entender que, tras el contraprograma electoral lanzado hace quince días por los obispos, Rodríguez Zapatero reclame el mismo respeto para las decisiones civiles tomadas en nombre de la voluntad de los ciudadanos. Y no "en el nombre de la Santísima Trinidad", como reza la invocación inicial del Concordato de 1953. Renovado en 1979, aunque con música y letra distintas, por el Gobierno centrista de Suárez y nunca puesto en cuestión por Felipe González, antes, ni por Zapatero, ahora.

En todo caso, sólo el gerente de la Conferencia Episcopal, Fernando Jiménez, tendría algún motivo para preocuparse ante la posibilidad de que esta noche saliera fumata negra por la chimenea de la Nunciatura. Pero tampoco se le pasa por la cabeza al presidente del Gobierno revisar el sistema de financiación de la Iglesia. Entre otras cosas, porque acaba de nacer. Aún no tiene ni dos meses de vida. Por cierto, con aumento de la asignación voluntaria de los ciudadanos en la declaración de la renta, del 0,5 % al 0,7 %, considerado "suficiente" por la Santa Sede en el "canje de notas" entre la Nunciatura Apostólica de España y el Ministerio de Asuntos Exteriores el pasado 22 de diciembre.

La utilización del sistema de "canje de notas" entre el Estado Vaticano y el Reino de España era una forma de incrustar el sistema de financiación en la esencia jurídica de los Acuerdos Iglesia-Estado de 1979. Ahora habría que denunciar los Acuerdos en bloque ante eventuales discrepancias en el nuevo sistema de financiación. Y si el Gobierno Zapatero tuviera esa tentación, porque el clima de sus relaciones con los obispos se volviera irrespirable, tendría que contar con el PP para lograr una preceptiva mayoría parlamentaria de tres quintos.

Eso, por una parte. Por otra, significa la definitiva derrota del sector laicista del PSOE, que durante los ocho años del Gobierno del PP se sintió identificado con la famosa "enmienda Cuesta". Una enmienda parcial que el diputado Álvaro Cuesta presentaba cada año a la ley de Presupuestos para eliminar las cantidades que la Iglesia recibía del Estado para complementar lo que los fieles no cedían voluntariamente en el IRPF. Hasta que el PSOE ganó las elecciones de 2004. Entonces se dejó de presentar la enmienda y se fraguó el acuerdo de finales de 2007 que Zapatero no piensa revisar.

Como ustedes comprenderán, ni por asomo tiene Zapatero la intención de salir esta noche por un registro que no sea el de su renovada apuesta por el diálogo y el respeto mutuo entre el Estado y la Iglesia. Que algunos obispos quieran convertir los pecados en delitos no basta para que el Gobierno rompa la baraja.

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