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Ley y orden. El Partido Popular introdujo la seguridad ciudadana como materia de confrontación electoral con una batería de propuestas entre las que destaca la rebaja de la edad penal en casos de especial gravedad. La medida incide en casos que han levantado una notable alarma social, como el de José Rabadán, conocido como el asesino de la catana, que con 16 años mató a sus padres y a su hermana pequeña, y que quedó en libertad el pasado enero tras cumplir una pena de siete años y nueve meses en un centro de internamiento. O el caso de R.G. F., conocido como Rafita, en libertad vigilada tras cumplir cuatro años en un centro de rehabilitación por su participación en el brutal asesinato de Sandra Palo en mayo de 2003. La familia de Sandra lucha desde entonces para que se endurezca Ley del Menor.

Los populares han tomado la iniciativa para aparecer ante los ciudadanos como el partido de la mano dura ante la delincuencia. Más policías, castigos más duros, y un nuevo enfoque para los nuevos delitos que más preocupan a la sociedad: bandas, menores, secuestros exprés y asaltos a los hogares. El PSOE, por medio de Alfredo Pérez Rubalcaba, no tardó en responder desacreditando la labor de Mariano Rajoy en su época de ministro del Interior. La lucha contra la criminalidad ha abierto así una nueva fase en la campaña electoral, marcada por la promesa del PP de expulsar a los extranjeros que cometan delitos en España y que retoma la controversia por la política antiterrorista.

Mariano Rajoy propuso ayer en Sevilla reformar la Ley del Menor para endurecer las medidas contra los niños entre 12 y 14 años que cometan infracciones muy graves o reiterativas. El PP considera que los menores delinquen cada vez más y con mayor violencia, por lo que prevé que puedan ser internados en centros desde los 12 años, y no desde los 14 como sucede actualmente. “La delincuencia de los chicos menores de 14 años se ha multiplicado exponencialmente sin que los servicios de protección estén preparados para ellos”, aseguró el PP en un comunicado. La presente ley, cuya última reforma entró en vigor en febrero de 2007, deja en manos de los servicios sociales los casos referidos a menores de 14 años.

El PP plantea también aumentar las penas para los adolescentes que cometieron un delito entre los 16 y los 18 años, y que una vez cumplida la mayoría de edad puedan ingresar en prisión. En la actualidad el paso del centro de menores a la cárcel de adultos solo se puede producir a partir de los 21 años, y es una medida que no se adopta con frecuencia.

Los expertos recibieron con cautela la iniciativa de Rajoy. Javier Urra, psicólogo de la Fiscalía de Menores de Madrid y primer Defensor del Menor en España, se mostró favorable a rebajar a 12 años la edad de internamiento para casos excepcionalmente graves como la violación o el homicidio, así como en los casos de reiteración, como un menor que se dedica a robar con asiduidad, ya que “un 87% de los internados no reincide al salir”. No obstante, Urra afirmó que con estas actuaciones se corre el riesgo de “judicializar al menor”, lo que significaría que contara con un abogado que le incite a negar los hechos, lo que es “perverso psicológica y educativamente”. Además, según Urra, se puede dar el síndrome de la “profecía auto cumplida”, en la que el menor acaba creciendo como un delincuente tras recibir el mensaje desde muy pequeño de que es “un chico malo”.

Gabriela Bravo, portavoz de la Unión Progresista de Fiscales y fiscal de menores, rechazó el plan de Rajoy porque “va en contra de los fines de la ley, que es re educativa y tiene que actuar a favor del menor”. Para Bravo el problema reside en la lentitud de la justicia, que permite que prescriban los actos delictivos y que el menor no reciba la respuesta correcta. Asimismo, Bravo aseguró que los hechos más graves que alarman a la sociedad son muy escasos y que la presente ley “no ha fracasado”. En este sentido, Urra señaló la educación en todos los ámbitos como el mecanismo fundamental para prevenir el delito. “La ciudadanía tiene la impresión de que los niños son impunes, pero no es verdad. Desde 2000 se han multiplicado por ocho los centros de internamiento y están llenos”, añadió Urra.

En cuanto a soluciones alternativas, Ignacio Gordillo, fiscal de la Audiencia Nacional, denunció la escasez de dotaciones en las Comunidades Autónoma para que los menores cumplan las medidas coercitivas y reeducativas en los centros apropiados, pero defendió las medidas ya presentes en la Ley del Menor. Bravo también reclamó centros específicos y distribución de los menores por edades para mejorar la eficacia de las medidas judiciales.

Otras de las iniciativas que contiene el programa del PP son la incorporación de al menos 30.000 nuevos policías y guardias civiles, prevenir los delitos en el entorno de los colegios, modificar el Código Penal para castigar a las bandas organizadas, dar un nuevo tratamiento a los secuestros exprés o incrementar las penas correspondientes a los robos en viviendas.

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