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Conmueve la defensa a ultranza que hace este Gobierno del superávit presupuestario como el mejor antídoto contra la ralentización de la actividad económica. No es para menos. Este país ha gastado más de lo que ha sido capaz de ingresar durante siglos, por lo que a estas alturas de la historia es de agradecer que la sensatez reine en la clase política. El vicepresidente Solbes, tan timorato en otras cuestiones, ha defendido durante toda la legislatura la necesidad de mantener saneadas las cuentas públicas a lo largo del ciclo y no en un solo ejercicio, y eso está muy bien. La historia ha demostrado que cuando el Estado no ha sido solvente, tampoco la economía lo ha sido. Lo que desde luego no quiere decir que haya que abrazar los fundamentalismos más encendidos sobre las necesidad de alcanzar ilimitados superávit que descafeínan la función del Estado como agente económico.

Los datos de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) no dejan lugar a dudas. No es una casualidad que los mejores años de la economía española hayan coincidido con excedentes presupuestarios o con ejercicios de saneamiento fiscal. ¿Quiere decir esto que el país está a salvo de cualquier contingencia en forma de desaceleración intensa de la actividad económica? O, incluso, a salvo de una hipotética y por hoy inimaginable recesión. No parece que vayan por ahí los tiros, a no ser que el Ejecutivo se haga trampas jugando al solitario.

Estímulo de la demanda

Solbes y sus colegas del Ministerio de Economía saben mejor que nadie que buena parte del superávit presupuestario previsto para 2008 forma parte de las cuentas de la Seguridad Social, por lo que es absurdo pensar que se pueda disponer de esos fondos para articular políticas de inversión públicas destinadas a estimular la demanda, en última instancia la función clásica del Estado en un contexto de ralentización de la actividad económica. No estará de más recordar que, en el mejor de los casos, el Gobierno ha previsto para 2008 un superávit presupuestario que representa el 1,2% del PIB. Ahora bien, las dos terceras partes de ese excedente corresponden a la Seguridad Social, por lo que el tan cacareado superávit fiscal se limita a cuatro décimas del PIB, ya que tanto las comunidades autónomas como las corporaciones locales tendrán equilibrio presupuestario.

Cuatro décimas de PIB son algo más de 4.000 millones de euros, muchísimo dinero para una economía familiar pero una cantidad irrisoria en términos de gasto público. Siendo generosos, y a la vista de los sucedido en los últimos años, se puede prever que el superávit será finalmente mayor (pongamos que el doble), toda vez que a Solbes le gusta hacer algunas ‘trampas’ en plan defensivo, como él mismo reconoció tras un Consejo de Ministros. Estaríamos ante un superávit de unos 8.000 millones de euros, como se ve, tampoco nada del otro mundo para influir decisivamente sobre una economía que mueve más de un billón de euros al año. Tan sólo el famoso cheque de los 400 euros tiene un coste de 5.000 millones, y si añadimos a los autónomos, se estaría hablando de un gasto ya comprometido pero no asignado presupuestariamente de cerca de 6.000 millones de euros. En otras palabras, el 75% del superávit previsto ya nos lo hemos comido, que diría el castizo.

Cambio de escenario

Y todo ello en el mejor de los casos. Si nos atenemos a lo que dice el propio Programa de Estabilidad enviado por el Gobierno a Bruselas, el célebre superávit se queda en ‘cero patatero’ si la economía crece menos de lo previsto. Y lo estimado por el Gobierno está, desde luego, en la parte alta de la horquilla. Dice ese Programa, aprobado hace poco más de un mes por el Consejo de Ministros, que si el Producto Interior Bruto (PIB) en lugar de aumentar un 3,1% se incrementa en un 2,6%, el superávit se situará este año en el 0,9% del PIB. Es decir, poco más de 9.000 millones de euros que corresponderían casi en su totalidad a la Seguridad Social, y que en 2007 tuvo unos excedentes equivalentes a 14.105 millones de euros.

Ese 2,6% de crecimiento medio para 2008 no parece descabellado y está en línea con lo que estima como probable la mayoría de los institutos de coyuntura. Si este escenario de ‘sensibilidad’ se cumple, como lo llama el Gobierno, el superávit desaparecerá sin haber gastado un euro en políticas sociales, por lo que habrá que tirar de un colchón mucho más importante en términos cuantitativos y que inexplicablemente está fuera del debate político. Me refiero al volumen de duda pública en circulación, que no ha dejado de descender desde hace más de una década, y que se situará en 2008 en el 34,4% del PIB.

Ahí está el margen para hacer políticas de estímulos de la demanda y no en rebajas fiscales que se incrustan en el sistema sin ningún rigor económico.

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