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Partamos de la realidad, que siempre es buen cimiento: la Iglesia católica constituye una institución jerarquizada, con un monarca absoluto dotado de sede propia, corte y consejo ministerial, y con una serie de delegados en muchos países del mundo que, sin mando territorial propio, pero contratados con los Estados y apoyados en una buena sucesión de subalternos, ejercen la tutela espiritual de muchos millones de adeptos. Los hechos históricos muestran cómo se ha llegado a dicha situación y cómo en Occidente, tras la Revolución Francesa, pero con raíces ya en el mismo Renacimiento, se fue consiguiendo poco a poco una separación más o menos exacta de poder político y pastoreo religioso, hasta llegar hoy a un estado de aconfesionalidad generalizada, de mayor o menor firmeza según países.

Posiblemente, como bien se constata en los USA, el ideario protestante tienda a imponerse más sobre el individuo, de forma que su Dios acaba por regir, desde la sombra o a toda luz, su comportamiento público; en la parte católica la disidencia ha llegado algo más lejos, aunque andamos siempre a vueltas con un rebuscado y cargantón equilibrio: si manda la sedicente izquierda, hay como una tendencia de boquilla a frenar con firmeza los propósitos expansionistas de la Iglesia; si accede al poder el conservadurismo, por decir algo, se le concede con disimulo cierto cuartelillo para contento de todos. Tal anda pasando ahora en Francia con el showman Sarkozy, que de vez en cuando tiene tiempo para apelar a una supuesta esencia religiosa del hombre europeo, y tal sin duda vivimos de continuo en nuestra España, donde la inercia franquista vuelve por ciclos a las andadas.

Tras una calma relativa desde la transición, que a fuerza de mantener ciertas prebendas consiguió que la Iglesia opinara de lo político con cautela y aminorase con ello su influencia social, hemos llegado a la apoteosis de Zapatero y su burdo programa de catecismo progre, que como a ventregón le fuerza a plasmar a las claras un poquito de anticlericalla, con las consecuencias inoportunas de semejante inconsciencia: la rebelión encastillada de los obispos y el apoyo movilizado de miles de fieles. Pero dejémonos de gaitas: si el sistema democrático reconoce la libertad de expresión como uno de los derechos fundamentales del ciudadano, y si aceptamos que los obispos lo son, entonces podrán decir cuanto les venga en gana sobre lo que quieran sin tener que justificar ante nadie sus opiniones y consejos, como hace cualquier persona, colectivo, sindicato o partido, con el único y supremo límite de la ley. No hay más. Se podrá opinar sobre lo que ellos opinen, como ocurre a diario entre periodistas, políticos y otros charlistas, pero nadie habrá de reclamar con legitimidad que se les silencie, pues que el Estado ha de tratarlos como lo único que para él son: ciudadanos.

En un nivel menor, lo discutible son ya las formas y, sobre todo, las oportunidades. El gobierno debe gobernar y, si proclama una serie de leyes que contradicen el credo católico, ha de prever que muchos católicos, guiados de sus prelados, puedan salir a protestar. Nada más democrático. A lo sumo, el gobierno habrá de decir que lo siente mucho y nada más, con el conocimiento preciso de la influencia eclesiástica y su capacidad de movilización. Si se mete en berenjenales por convencimiento, oportunismo o politicastra, allá él, pero que sepa que lo mismo puede un sindicato ejercer una huelga que muchos católicos, guiados de su jerarquía, hacer una manifestación. Cuando los encontronazos arrecian y llegan nuevas elecciones, nadie sensato puede pensar que los obispos deban cerrar la boca por ley consuetudinaria o que carezcan de legitimidad, quizá por la firma previa de tratados y alianzas políticas, para aconsejar a sus ovejas.

Si el gobierno vigente no les gusta, ¿por qué no pueden decirlo? ¿Hay una fuerza superior, quizá un Dios que, a modo de nuestro rey, haya de ser per opus neutral? El Estado democrático, en su aislamiento sentimental y religioso, nada sabe ni debe saber de dioses: tan sólo hay ciudadanos, con moral, sin moral, con Dios o con el Diablo, pero ciudadanos sometidos a una misma ley y amparados por idénticos derechos, entre los que está sin duda el de expresarse. Lo siguiente, desde luego, sería eliminar todo privilegio político de las castas y mantener a las organizaciones religiosas, incluida la católica mayoritaria, en un plano de igualdad institucional. Si se tienen que revisar viejos tratados, hágase de una vez, pero que no anden con amenazas fulleras cada vez que los obispos dicen lo que no gusta.

Otra cosa es el funcionamiento de la Iglesia que, mientras no cometa delito, podrá ser como quiera. Sus integrantes sabrán lo que se hacen y, desde luego, habrá muchos que se opongan a las consignas políticas y sociales de sus jerarcas. El problema es cuando su visión moral de la vida, que encabrita a la izquierda estalinista, perjudica de rebote al partido que veladamente apoya. Todo por un quítame allá esas pajas: quienes no saben muy bien qué hacer con el voto, aprecian en ello una derechización excesiva del PP y le vuelven la espalda un tanto arrebujados de temor, convencidos de la equivalencia entre Dios, la extrema derecha y el inmovilismo social, que tanto explotan en sus mítines los del PSOE, sin atreverse tampoco a la ruptura total, pues que católicos los hay en todas partes. El juego electorero, como siempre, nos trae cada poco tales entretenimientos.

*Miguel Ángel Manjarrés es profesor de la Universidad de Valladolid.

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