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Ha dicho ese intelectual sin par llamado José Blanco que a partir del 9 de marzo las cosas no serán igual para la Iglesia española. Hace unos días era Alfonso Guerra el que advertía que a las críticas de los obispos el Gobierno debía responder con la denuncia de los acuerdos que tiene con la Iglesia Española. Y otras voces del PSOE se han levantado estos días exigiendo el final de la financiación de la Iglesia a través de los Presupuestos Generales del Estado. Por supuesto, Rodríguez participa de esta ceremonia de amenazas y chantajes, y la fomenta. Les viene bien, porque con este discurso incendiario lo que hace el PSOE es movilizar a su electorado más radical, más extremista, el mismo que en el País Vasco vota a los amigos de ETA. Y es que, en el fondo, como ya dice el refrán, Dios los cría y ellos se juntan.

Verán. Cualquier persona con dos dedos de frente defendería la autofinanciación para la Iglesia Católica. Lo lógico es que en un estado aconfesional, como es éste, la separación Iglesia-Estado sea absoluta, o casi. También es cierto que, como recordaba ayer mi admirado Raúl del Pozo, a la Iglesia, con un 16% de fieles –yo creo que son algunos más, Raúl-, ya no puede considerársela un poder fáctico, ni mucho menos, y que en estos tiempos en los que estamos de vuelta de todo, lo de ser anticlerical es casi rancio, ridículo. A eso hay que añadir que la Iglesia tiene un papel social innegable, hasta el punto de que esa labor le ahorra al Estado nada menos que 30.000 millones de euros anuales, entre colegios y obras de caridad. Una minucia, vamos. A lo que voy es a que en condiciones normales, y sin que este asunto sea motivo de radicalismo electoral, Iglesia y poder político deberían sentarse a negociar una fórmula de colaboración más acorde a los tiempos que corren, independientemente de que quien esté en el poder se llame PP, PSOE o el sumsum corda.

Con matices, supongo que en eso podemos estar todos de acuerdo. El otro asunto sobre el que creo que no debería haber discrepancias es el derecho de los obispos a manifestar su opinión sobre determinados asuntos de índole moral que afectan a su clientela, es decir, los católicos. Entre ellas el terrorismo. Es verdad que haciendo caso de aquella parábola evangélica, sobre ciertos asuntos los obispos deberían tener en cuenta la viga que tienen en sus ojos antes de criticar la paja en el ajeno, pues coincidiendo con ellos en que ETA no puede ser considerada como interlocutora de la sociedad vasca, en sus filas hay quien defiende todo lo contrario, como Setíen y buena parte del clero vasco. Pero eso no quita para que los prelados sean libres a la hora de manifestar sus opiniones, y que esa libertad, y este es el quid de la cuestión, deba ser respetada por todos, aunque no se compartan sus comentarios y sean objeto de crítica.

Digo que es el quid de la cuestión porque la reacción del PSOE no puede ser más propia del talante totalitario y un tanto fascista que acompaña a Ferraz en todos sus actos. José Blanco actúa como si de Pernando Barrena se tratara, y Rodríguez es un vulgar Otegi que diseña la estrategia de amenazas y chantajes. Vamos a ver, si los obispos critican al Gobierno, la reacción del Gobierno es ¿denunciar los tratados que le unen con la Iglesia? Eso solo tiene un nombre: amenaza. Tu me criticas, yo te quito la subvención, lo cual no es más que otra muestra de ese concepto patrimonialista del poder que tiene la izquierda, muy propio de dictaduras. Y las amenazas las utilizan quienes no teniendo argumentos democráticos ni respeto por la libertad de los demás, recurren a ellas para tapar la boca del discrepante, para amordazar, para censurar... Es lo mismo que hace la izquierda abertzale, el entorno de ETA. En el fondo, Pepiño y compañía parecen sentirse más identificados con las estrategias de Batasuna que con las actitudes democráticas.

El objetivo de estas amenazas no es otro que el de mantener la tensión y seguir trabajando en la movilización del electorado más radical. Es evidente que Rodríguez ha decidido abandonar el centro político y opta por llenar las urnas de los votos de los pelopinchos, que son tan válidos como cualquier otro, pero que igual que votan al PSOE, votan a Batasuna. Es el electorado que le dio la victoria en 2004, y quiere volver a sacarlo a la calle. Por eso harán mal los obispos en seguir manteniendo vivo el debate con el Gobierno, porque se acabarán perjudicando ellos mismos. La segunda razón por la que al Gobierno le interesa radicalizar su discurso con los obispos –que nunca han pedido el voto al PP, aunque el PSOE mienta y diga lo contrario-, es para hacer olvidar la debacle económica hacia la que nos conduce la inoperancia de Rodríguez Zapatero, sin duda el peor presidente del Gobierno que ha tenido este país, y tendrá en muchos años.

Ayer conocimos los datos de paro del mes de enero, y no pueden ser más desalentadores, ni pueden reafirmarnos más en la idea de que avanzamos hacia una profunda crisis. Rodríguez termina su mandato con 80.000 parados más que cuando lo empezó, por mucho que se empeñe el Gobierno en disfrazar estas cifras con la evolución de años anteriores. Lo peor es que se está destruyendo empleo a un ritmo enloquecedor, mientras el Gobierno mantiene –ayer mismo lo hacía Rodríguez en una entrevista- la mentira de que las cosas van bien. Este es, sin duda, el Gobierno de las mentiras, de las amenazas, del talante totalitario y de la actitud antidemocrática y a Rodríguez Zapatero habrá que empezar a cambiarle el nombre por el de Franco Zapatero. Se me ocurre.

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