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 El doctor Montes.

Una denuncia anónima, un escándalo aireado en la prensa y un arma arrojadiza entre políticos. El caso de las supuesta sedaciones ilegales en el Hospital Severo Ochoa de la localidad madrileña de Leganés, archivado definitivamente por la Audiencia Provincial de Madrid, tiene todos los ingredientes necesarios para que quien pierda sea el mismo de siempre: el paciente. Y todo porque con la que estaba cayendo sobre el doctor Montes y aledaños, en el resto de hospitales de Madrid se cuidan mucho a la hora de aplicar sedaciones en enfermos terminales. Es más, el protocolo de cuidados paliativos que se gestaba en la Consejería hace ya cinco años está paralizado, según fuentes sindicales. Es el llamado ‘efecto Lamela’, en referencia el ex consejero Manuel Lamela, quién en 2005 desató el escándalo remitiendo 25 incidencias a la Fiscalía y retirando al director de Urgencias Luis Montes por “supuesta mala praxis”.

“El que ha perdido es el ciudadano”, explican fuentes del Severo Ochoa a El Confidencial, “los médicos no se atreven con las sedaciones y los familiares se tienen que estar una hora rellenando papeles para poder paliar el dolor al paciente terminal. ¿Por qué no podemos morir en un recinto adecuado, con un protocolo, con buenos equipos, con la asistencia psicológica a los allegados?”. Los cuidados paliativos consisten en la asistencia farmacológica, psicológica e, incluso, espiritual si se solicita en personas que tienen un pronóstico de vida de menos de seis meses y, según la Sociedad Española de Cuidados Paliativos, no existe posibilidad razonable de que responda a un tratamiento específico, es decir, se han agotado los recursos para alargar la vida.

El único centro hospitalario con una buena unidad de cuidados paliativos “se encuentra en el Virgen de la Poveda... ¿por qué un ciudadano del sur de Madrid como Leganés o Getafe no puede acceder a lo mismo?”. Por otra parte, el daño a los profesionales afectados por la acusación “son irreparables, se ha creado una verdad de una denuncia anónima cuando en 2002 ya hubo una investigación interna del Comité de Ética, cinco inspectores colegiados que determinaron la inexistencia de mala praxis alguna”.

“Por una denuncia anónima no se puede denigrar a unos profesionales”, sostiene Francisco Naranjo, secretario de Información de CCOO en Madrid, “desde el primer momento se vio que se trataba de una caza de brujas”. Así las cosas, el 19 de octubre de 2007 la Fiscalía de Madrid consideró que se debía retirar del auto de archivo “cualquier referencia a mala práctica médica aplicable a la conducta profesional de los médicos imputados” y así lo confirmó el lunes la Audiencia Provincial ratificando el sobreseimiento del caso.

Ahora, el doctor Montes dice que no perdona y prepara su venganza a golpe de querellas pero el actual consejero de Sanidad Juan José Güemes no se amilana: “La decisión de su cese estuvo bien tomada y no se debió a causas disciplinarias, sino a razones organizativas”. Además, el funcionamiento de las urgencias del Severo Ochoa “ha mejorado notablemente desde que el doctor Montes fue apartado” del cargo de coordinador y, en todo caso, ha insistido en que se trataba de un puesto de libre designación. Así las cosas, en el propio hospital descartan volver a tener entre sus filas al doctor Montes: “Son puestos de confianza y no creo que le restituyan”.

Rasgado de vestiduras

Una vez sabida la ‘verdad judicial’ del caso, que no se puede demostrar la existencia de mala praxis, el que más y el que menos ha comenzado a rasgarse las vestiduras en pro del vapuleado doctor Montes. Y el primero en apuntarse fue el propio ministro de Sanidad, Bernat Soria, quien exigía que las autoridades madrileñas “pidieran perdón”. También las portavoces del PSOE e IU en la Asamblea de Madrid, Maru Menéndez e Inés Sabanés, pidiendo la cabeza de Lamela en forma de cese de su actual cargo de consejero de Transportes e Infraestructuras.

Pero el que se ha llevado la palma ha sido el Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos que ahora considera que los “juicios paralelos, como los ocurridos con las presuntas sedaciones terminales del Severo Ochoa, causan daños irreparables en los profesionales que se ven afectados y exigen que se restituya en lo posible a los médicos exculpados”. Su filial madrileña fue la que el 2 de junio de 2006 habló de mala praxis en 34 de los 400 casos denunciados aunque no afirmaba que la causa directa de las muertes fuese la medicación.

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