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La desaceleración de la actividad económica y, en particular, del consumo privado, está siendo más intensa de lo previsto inicialmente por el Gobierno. Al menos, eso es lo que creen algunos analistas consultados por El Confidencial, que ven en esa clave la medida anunciada ayer por el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, de devolver 400 euros a 13 millones de contribuyentes que hayan pagado el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) en 2007.

La medida -en caso de un triunfo electoral del PSOE- entraría en vigor en junio de este año, lo que da ida de las prisas del Gobierno por inyectar liquidez a la economía. En concreto, a los hogares, cuya renta disponible se ha visto seriamente afectada en los últimos dos años por un aumento de los tipos de interés. Si a esto se une el hecho de que el patrón de crecimiento se basa en empleos de bajos salarios, el resultado es que los hogares están al límite en su capacidad de gasto y, por lo tanto, de endeudamiento.

Zapatero anunció ayer esta propuesta durante la clausura de la Conferencia económica del PSOE, y lo justificó con el siguiente argumento: se trata de “demostrar que ahorrar es muy bueno y que ahorrar para ayudar a las familias cuando tienen problemas es lo que es capaz de hacer este Gobierno”.

El anuncio se produce en plena debacle del consumo, que ha sido el motor del crecimiento de la economía española en los últimos diez años de la mano de unos tipos de interés históricamente bajos y de un aumento de la población sin parangón en Europa. Esa circunstancia se ha quebrado, lo que explica que el Gobierno se vea obligado ahora a anunciar una inyección de liquidez de unos 5.000 millones de euros, cantidad que tendría que devolver la Agencia Tributaria a partir de junio. Cinco mil millones representan alrededor del 0,5% del Producto Interior Bruto, lo que podría bastar para compensar el enfriamiento de la demanda externa como consecuencia del menor crecimiento de los países a los que se destinan las exportaciones españolas.

Desaceleración continuada

El consumo ha sido el motor del crecimiento económico español en los últimos años, pero los indicadores más recientes sobre la capacidad de gasto de los hogares reflejan una desaceleración que está siendo mucho más intensa de lo estimado inicialmente, lo que explica que para la mayoría de los analistas la economía española vaya a crecer este año -media anual- en el entorno del 2,4%. De ser buena esta tasa, eso significaría que a final de año el PIB estaría creciendo ya muy cerca del 2%, lo que justifica la intención del Gobierno de insuflar dinero, aún a costa de situar el superávit presupuestario prácticamente a cero.

Aunque el excedente del conjunto de las administraciones públicas se va a situar al acabar el año 2007 en poco más del 2% del PIB, hay que tener en cuenta que 1,34 puntos porcentuales corresponden a la Seguridad Social, por lo que en sentido estricto la administración central del Estado tendrá un superávit de poco más de medio punto del PIB, porcentaje que coincide prácticamente con el anunció de Zapatero. El excedente del sistema público de pensiones hay que destinarlo a la hucha de la Seguridad Social y no a gasto corriente.

Según fuentes de toda solvencia, el enfriamiento de la economía se ha dejado notar con especial intensidad en la campaña de navidades. Aunque todavía no hay cifras definitivas, lo cierto es que las ventas de las empresas no han ido en la línea de lo esperado, lo que puede explicar la decisión del Gobierno de devolver esos 400 euros a los contribuyentes. Una medida similar ha sido aprobada recientemente en EEUU con idéntico fin: estimular el consumo de las familias ante la merma de su renta disponible. “El consumo está hundido”, se oyó decir hace unos días durante un encuentro de varios directores financieros de grandes empresas, sorprendidos por la intensidad del ajuste en un contexto, además, de incertidumbres financieras.

Con la medida anunciada por Zapatero, igualmente, se pretende compensar los problemas de financiación que tiene la economía española, y que tienen su origen en el derrumbe de las llamadas hipotecas ‘subprime’. Desde que el pasado 8 de agosto el grifo del crédito barato se cerró, las familias han encontrado serias dificultades para financiarse, lo que ha estrangulado su capacidad de consumo. Esto es especialmente importante en una economía como la española, en la que la financiación ha sido la clave de bóveda de la capacidad de gasto de los hogares, lo que explica sus elevados niveles de endeudamiento. Y sin financiación no hay consumo, lo que justifica la medida ‘in extremis’ anunciada por el Ejecutivo.

No se trata, por lo tanto, de una medida estructural, ya que no conlleva una rebaja de los tipos impositivos del IRPF, sino que sería una decisión de carácter extraordinario con vigencia en un solo ejercicio.

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