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La obsesión de Mariano Rajoy por bajar los impuestos comienza a ser preocupante. Hasta el punto de que es muy posible que haya encubado alguna patología difícil de diagnosticar fuera de periodos electorales. Cuando las urnas están a la vista, la enfermedad se manifiesta con evidentes síntomas de angustia para el paciente, lo que facilita su diagnóstico. ‘Hay que bajar impuestos…’, ‘hay que bajar impuestos…’, repite machaconamente el enfermo a todo aquel que lo quiera escuchar.

El mal, no vayan a creer, no solo afecta al Partido Popular, sino también a otras fuerzas políticas que parecen haber venido a este mundo sólo con un objetivo: rebajar la carga fiscal para los pobrecitos españoles, exprimidos por el Fisco como si de un limón se tratara. Ayer mismo, sin ir más lejos, el presidente Zapatero adelantó que si permanece cuatro años más en La Moncloa, devolverá a cada contribuyente 400 euros del ala, cifra que, se supone, han pagado de más los ciudadanos en el último año, por lo que cabe preguntarse las razones del tal diferimiento. O antes se pagaba de más, lo cual sería una imprevisión de Hacienda, o es que ahora hay problema de tal envergadura que hay sacar la artillería para evitar que el barco -que diría Zapatero- encalle.

Es evidente que a nadie le gusta pagar los impuestos. Es más, muchos practican este ejercicio y luego presumen de ser más españoles que Agustina de Aragón. En particular, ciertos deportistas de élite siempre solícitos para memorizar el célebre himno non nato que murió antes de nacer, pero que son tan patriotas que los impuestos los pagan en Andorra o cualquier otro territorio donde el reclamo se llama pagar menos impuestos. Otros patriotas optan por el dinero negro como vía de escape hacia la redención. Y hay, incluso, quien alardea de haber constituido cientos de sociedades para que los ilusos de Hacienda sean incapaces de seguir el rastro de su dinero. Marbella o, en general, el negocio del ladrillo es un buen ejemplo de ello.

Los impuestos, como se sabe, se han convertido en el eje de la campaña electoral del Partido Popular y del PSOE. Nada que objetar si no fuera porque a menudo sus dirigentes esconden que detrás de la carga fiscal de un país hay mucha ideología. Santa Teresa diría que también en los pucheros anda Dios. Los impuestos, eso parece evidente, determinan la estructura social de un país y, por ende, el bienestar de sus ciudadanos. Un país imaginario en el que nadie pagara un céntimo al Estado (suponiendo que lo hubiera) sería distinto a otro en el que, por ejemplo, la carga fiscal representara el 40% del Producto Interior Bruto. En el mismo sentido, un país en el que sus habitantes vieran como el 60% o el 70% de sus ingresos se los confisca la Hacienda pública también, lógicamente, sería distinto.

Estamos, por lo tanto, ante un asunto importante que determina el modelo social. El Índice de Desarrollo Humano que elabora anualmente Naciones Unidas da muestras de ello. Los países con más altos niveles de bienestar son Islandia, Noruega, Australia, Canadá, Irlanda y Suecia. Como se ve, ninguno de ellos es un paraíso fiscal para sus ciudadanos (otra cosa es para las empresas que allí invierten). En el lado opuesto, al final de la lista, se encuentran Sierra Leona, Burkina Fasso y Guinea Bissau, que han llegado a esta lamentable posición no porque la carga fiscal sea nula o elevada, sino simplemente porque el Estado no existe. Y no existe, precisamente, porque es incapaz de cobrar impuestos y redistribuir la riqueza.

Los impuestos, por lo tanto, configuran un determinado modelo social, por lo que quienes ponen el énfasis en que lo importante es pagar lo menos posible saben, mejor que nadie, que esa decisión estratégica tiene consecuencias. O dicho en otros términos más castizos. Bajar impuestos no sale gratis. Parece evidente que si un Estado cuenta con menores recursos, lo lógico es que los servicios públicos se resientan. Los impuestos, como se sabe, cumplen una función de redistribución que a nadie se le escapa. Al menos si continuamos siendo hijos de la Ilustración, porque de lo contrario no hay nada más de qué hablar. Cada cual que aguante su vela, que diría el clásico.

Puede argumentarse que la recaudación no debe vincularse necesariamente a la existencia de unos tipos de gravamen elevados (se supone que respecto a los que existen en los países del entorno económico), sino que más bien depende de una base imponible ajustada a las necesidades e idiosincrasia de cada país. Quines así opinan observan los impuestos como un ente asexuado, carente de ideología, pero olvidan que la carga fiscal debe también tener en cuenta la equidad, un palabra maldita en estos tiempos que, sin embargo, continua viva en el imaginario de muchos ciudadanos. Los impuestos no son más justos porque sean más bajos, como tampoco lo son porque sean más elevados.

Y equidad significa que los impuestos -en particular los directos- sirven para reequilibrar las rentas. O dicho en términos clásicos, el objetivo de la presión fiscal es que todos los ciudadanos tengan las mismas oportunidades para ser más libres, lo que en última instancia influirá en la prosperidad del país en cuestión. De lo contrario, en caso de que se vieran los impuestos como una cuestión estrictamente en términos recaudatorios se podría llegar a la absurda situación de que un ciudadano capaz de generar riqueza para el país no pagara impuestos, ya que sería lo más eficaz desde el punto de vista de los ingresos. Amancio Ortega, por ejemplo, por el hecho de que ha creado riqueza para la nación, no debería pagar impuestos. O Roñaldiño, gracias al cual el Barça ha ganado varias ligas. Habrá quien piense que esa es la solución, pero se olvida que sin equidad los impuestos son simplemente un instrumento al servicio de los poderosos. No un mecanismo para hacernos a todos iguales. Como, por cierto, reivindica el mejor liberalismo. No el que confunde impuestos bajos con equidad social.

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