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IU pretende que se regule por ley el reconocimiento y desarrollo del derecho subjetivo y universal a una vivienda digna y que se limite el crédito hipotecario para controlar el precio de los inmuebles.

Estas propuestas constan en el borrador del programa de la federación que lidera Gaspar Llamazares, que quiere también establecer un "calendario" para aplicar el "derecho" a la vivienda, "priorizando las situaciones más graves".

Además piden que se modifique la política fiscal a fin de primar el alquiler, se mejore el tratamiento impositivo de la vivienda protegida en relación a la vivienda libre y se implanten medidas que penalicen las casas vacías, así como las segundas residencias.

Otra promesa de IU es la de aumentar las reservas de vivienda protegida hasta el entorno del 75% en suelo urbanizable y el 40 por ciento en suelo urbano (competencia de las comunidades autónomas).

Esta iniciativa no se plantea como una "estación de llegada, sino como un "camino intermedio hasta llegar a una situación cercana al cien por cien de la vivienda dedicada a vivienda protegida, con un razonable menor porcentaje en suelo urbano que urbanizable".

En este sentido IU quiere que se incremente la producción de vivienda protegida, para alcanzar como mínimo un 40% de cuota de mercado. Del total de esta producción se destinarían "al menos" el 50% a casas protegidas en alquiler, algo que es competencia de las gobiernos autonómicos y las corporaciones locales.

No podrían suponer más del 30% de los ingresos

Los alquileres sociales no podrían suponer más del 30% de los ingresos de los inquilinos o el 20% en los casos de las personas con rentas más modestas. "En cualquier caso los alquileres protegidos se adaptarán a los ingresos de los inquilinos (a mayores ingresos mayor alquiler, y viceversa)", recoge el borrador.

Asimismo IU aboga por la "calificación de por vida de la vivienda protegida". La formación propone limitar el crédito hipotecario para que sólo se puedan recibir préstamos por una parte de los ingresos familiares (como máximo el 30%) y por un tiempo limitado (como tope 15 años).

Entre sus compromisos se incluye el de impulsar "de forma decidida" las políticas de rehabilitación y regeneración urbana, ya que, junto con la movilización de vivienda vacía, facilitará reducir "al máximo el consumo de suelo y maximizar el uso del tejido urbano ya existente".

La federación cree que hay que reforzar las competencias de control de las comunidades autónomas sobre los ayuntamientos en relación a la legalidad del planteamiento urbanístico municipal.

Por último, IU busca que se reoriente la economía española "hacia sectores productivos con alto valor añadido y fuerte I+D+i" con el objetivo de "disminuir la dependencia del ladrillo".

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