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El PCTV y ANV, disfraces legales de una organización ilegalizada por sus relaciones con ETA, tienen los días contados. No podrán presentarse a las elecciones generales del 9 de marzo porque sus actividades van a ser prohibidas por orden judicial y sus sedes cerradas. Primero, como medida cautelar o por impugnación de candidaturas (Tribunal Supremo). Y después, en aplicación del artículo 129 del Código Penal, sobre suspensión de actividades por cinco años (Audiencia Nacional).

Esa es la buena noticia, aunque venga colgada en el más vale tarde que nunca. Y frente a tan excelente medida de salud pública, anunciada ayer por el ministro Fernández Bermejo, resultan de menor cuantía los rasgados de vestiduras sobre si hay o no móviles electorales en el último empujón gubernamental para poner fuera de juego a estos partidos. Es el consabido y estéril ¿por qué ahora y no antes?, dirigido al Gobierno por sus adversarios políticos y los predicadores del alba.

Pues porque los atajos no sirven en un Estado de Derecho. El Gobierno no se puede presentar ante la sala especial del Tribunal Supremo con unas declaraciones de Aznar y un editorial del ABC como piezas de convicción sobre la conexión del PCTV y ANV con Batasuna. Hacen falta pruebas fehacientes. El paso se ha dado cuando los cuerpos policiales han aportado dichas pruebas en base a un largo y paciente trabajo de campo que demuestra las relaciones de dependencia política y económica entre las diferentes expresiones del llamado Movimiento de Liberación Nacional Vasco.

Todo eso, inspirado en la legalidad, no es incompatible con la política, donde reina el principio de oportunidad. No hasta el punto de estar reñido. Una menor diligencia en la búsqueda de pruebas para ilegalizar un partido, por ejemplo, puede estar inspirada en razones de oportunidad sin que eso signifique incumplir la ley. Y en ese sentido, tampoco cabe sorprenderse si el principio de oportunidad opera en una demanda de ilegalización. Al dejar el legislador esa iniciativa en manos del Gobierno -órgano de naturaleza política-, se ajustó al precepto constitucional que le atribuye la dirección de la política antiterrorista. Y está claro que poner fuera de la circulación legal o suspender las actividades de un partido vinculado a ETA forma parte de la política antiterrorista ¿O no?

Pues miren ustedes por donde, finalmente lo político va a ir por delante de lo penal. Me explico: en la operación de legítima defensa del Estado contra el terrorismo y sus disfraces, la aplicación de la Ley de Partidos (demanda de ilegalización impulsada por el Gobierno a través de la Abogacía del Estado ante el Tribunal Supremo) se adelantará en el calendario a la aplicación del Código Penal (suspensión de actividades dictada por el juez Garzón de la Audiencia Nacional a petición de la Fiscalía y las acusaciones particulares).

Atentos al Consejo de Ministros de mañana, en el que se anunciará la inminente interposición de la correspondiente demanda de ilegalización por parte de la Abogacía del Estado. Luego la Audiencia Nacional seguirá por la vía penal hacia la suspensión de actividades. El juez Garzón, que tiene convocadas a las partes para el día 4 (PCTV) y el día 5(ANV), justo cuando se cierra el plazo de presentación de candidaturas para las elecciones del 9 de marzo. Por supuesto que las fechas no son casuales. Esta vez se lo han puesto muy difícil a los amigos de ETA para buscar en el armario nuevos collares para los mismos perros.

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