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La Subsecretaría de Telecomunicaciones de Chile ha anunciado en un comunicado que fiscalizará la fusión entre el Grupo Prisa e Iberoamerican Radio Chile para determinar si cumple con la Ley de Prensa de este país.

La Contraloría General ha emitido un informe sobre esta cuestión, en relación a una supuesta vulneración del principio de reciprocidad de este país. El informe establece que este principio jurídico "sólo es aplicable a aquellas personas jurídicas con participación de capital extranjero superior al 10% que soliciten que se les otorgue una concesión de radiodifusión o se les autorice a adquirir una ya otorgada".

Según el informe, el principio de reciprocidad "no se puede extender a las entidades que tengan o ejerzan control sobre dichas personas jurídicas con participación de capital extranjero, ni a otros actos o convenciones distintos al otorgamiento o adquisición de una concesión".

En este sentido, Prisa subraya que "Unión Radio no ha pedido ni comprado concesiones de emisoras, sino que ha adquirido acciones de sociedades que tienen filiales concesionarias". Por tanto, advierte que "sólo hay que tener en cuenta el porcentaje de participación extranjera en las sociedades concesionarias y no en las empresas que controlan esas sociedades".

Además, Prisa destaca que la Contraloría "no ha efectuado queja alguna" respecto a la operación de adquisición de acciones de sociedades concesionarias por parte de Grupo Latino de Radio, sino que, "por el contrario, establece que la operación cumple plenamente con la normativa chilena y en especial con la Ley de Prensa".

En relación al informe de la Contraloría, el Gobierno Chileno señala en su comunicado que solo los tribunales de justicia pueden derogar concesiones por una supuesta vulneración de la Ley de Prensa.

Además, señala que el procedimiento de fusión no requiere una autorización previa por el Ejecutivo y que, en este caso concreto, fue aprobada por el Tribunal de Libre competencia y ratificado por la Corte Suprema.

Hasta ahora, tal y como explica el Gobierno en el comunicado, no existía, ni en la Ley de Prensa, ni en la Ley de Telecomunicaciones de este país una declaración expresa sobre qué organismo debía fiscalizar este principio. Por esta razón, la subsecretaría de Telecomunicaciones chilena elevó una consulta a la Contraloría para que despejara esta duda.

Una vez concluidas las acciones de fiscalización y estudio sobre la materia, la Subsecretaría de Telecomunicaciones "tomará acciones definitivas sobre este caso".

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