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Parece que los quijotes abundan entre los cirujanos españoles y se rebelan contra las injusticias sanitarias sea en el ámbito público o en el privado. Es el caso del valenciano Jaume Serra Janer, que está viviendo un auténtico calvario porque se le ocurrió denunciar a Corporación Dermoestética, la empresa en la que trabajaba, por la existencia de un presunto fraude: la implantación de prótesis mamarias de peor calidad de las que realmente cobraban a las pacientes. El problema no sólo residía en la estafa económica, sino también en el perjuicio a la salud de las mujeres intervenidas. Por ello, la investigación llegó a la Consejería de Sanidad de la Generalitat valenciana, regentada por el popular, Manuel Cervera.

Cuál fue la sorpresa del cirujano Serra, cuando el pasado 13 de marzo de 2007 en la Conselleria, en lugar de preguntarle por las pacientes afectadas, le hicieron todo un cuestionario sobre posibles abusos sexuales hacia las mismas y le abrieron un expediente con multa de 70.000 euros por haber entregado un dossier con sus historias.

Aun sin poder comprender nada, Serra acudió a la Asociación del Defensor del Paciente, la cual presentó una segunda denuncia, esta vez por coacción al citado facultativo por parte del Gobierno valenciano. En la mañana de ayer, la Fiscalía de Valencia hizo público la apertura de una investigación por que los hechos “merecen la consideración de noticia ‘críminis’ y pueden revestir los caracteres de delito contra la Administración de Justicia o alternativamente un delito de coacciones”. Ni la Consejería de Sanidad valenciana, ni la propia Corporación Dermoestética han querido hacer declaración alguna a este diario porque los hechos “están en manos de la Justicia”.

El fraude de Corporación Dermoestética

La investigación sobre la presunta estafa de Corporación Dermoestética la abrieron las fiscalías de Albacete, Valencia y Castellón y, en la actualidad, se encuentra pendiente de evaluación en la Audiencia Nacional. Sin embargo, el cirujano no acudió a la vía judicial desde el principio.

Jaume Serra fue solicitado por su empresa para atender a pacientes que no estaban contentas con el resultado de diversas operaciones, por posibles secuelas, malas cicatrices, etcétera. Al cabo de un tiempo, según explica a El Confidencial, se topó con el caso de una mujer con problemas en el pecho tras haberse implantado prótesis mamarias a la altura de 2003. Médicos anteriores le habían recetado simplemente pastillas para la tos, que también tienen efectos antiinflamatorios.

Sin embargo, ante la insistencia de las quejas de la paciente, Serra la evalúa de nuevo: “Tenía el pecho muy duro e inflamación, contractura de grado cuatro y, por tanto, había que operar”. Esta mujer desconocía la marca de sus prótesis, su historia médica no existía y a través del historial como cliente “pude leer que eran marca Maggan”. Esta marca tiene garantía de por vida y cuesta 1.157 euros. Sin embargo, cuando Serra abrió a la paciente para quitarle la cápsula y la prótesis “compruebo que son de la marca Siquiman, la mitad más barata y con tan sólo siete años de garantía”.

A los diez días se encontró con un caso similar y así hasta 138 mujeres afectadas en las provincias de Albacete, Valencia y Castellón, muchas de las cuales han denunciado ante la Justicia. Corporación Dermoestética se lavó las manos: “Hizo un escrito diciendo que los responsables era los cirujanos, que son los que ponen las prótesis”. Ni se avisó a las pacientes, ni se devolvió el dinero.

Según Serra, la primera actuación fue comunicarle el problema a la empresa. Tras la callada por respuesta, envió un burofax al presidente de la compañía y, posteriormente, tras ser instado a modificar la historia médica de una paciente, procedimiento totalmente ilegal, se marchó de Corporación. El siguiente paso fue comunicárselo al Ministerio de Sanidad, que se inhibió en la Consellería de Sanitat valenciana por las transferencias sanitarias, y a la Organización Médica Colegial que tampoco movió un dedo. Tan sólo en la Fiscalía se pusieron manos a la obra.

La actuación de la Consellería

La Consellería de Sanitat valenciana no sólo ha tomado declaración al médico, sino también a varias de las pacientes presuntamente estafadas. El cirujano asegura que en ningún caso se pidieron mamografías ni informes de sus problemas médicos. Cuando Serra acudió a declarar, el 13 de marzo, lo primero que me dijeron es que “las preguntas las hacemos nosotros”, pero en ningún momento le hicieron cuestión alguna sobre la salud de sus pacientes: “Me preguntaron si me había sobrepasado con ellas, sin aludir a prueba alguna, sin existir ninguna denuncia. Yo lo que digo lo pruebo, ellos nada”.

Para más inri, se le ha abierto un expediente con multa de 70.000 euros por haber entregado un dossier con las historias de las pacientes: “Historias que ni las he robado, ni las he mostrado a los medios de comunicación, ni nada fraudulento... Es más, es la misma documentación que presenté a la Fiscalía que ahora investiga los hechos”.

Serra entiende que eran vísperas de elecciones municipales y a las autoridades no les interesaba un escándalo sanitario. Por todo ello, el fiscal jefe de Valencia, Ricard Cabedo Nebot, firmó el 20 de diciembre la apertura de una segunda investigación penal: la del Defensor del Paciente contra el Gobierno valenciano por coacciones al cirujano. La salud, de nuevo, en manos de la Justicia.

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