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“La decisión del Tribunal Supremo se debe a motivos ambientales y no estrictamente jurídicos”. Así de contundente interpreta el abogado murciano José Luis Mazón la decisión de ayer del Alto Tribunal de confirmar al juez Javier Gómez Bermúdez como presidente de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional. Mazón es el abogado del magistrado José Ricardo de Prada, quien presentó el tercer recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Social del Supremo contra el citado nombramiento de Bermúdez.

Esos “motivos ambientales”, según declaró el letrado a El Confidencial, responden a “presiones del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero que ha indicado la no deslegitimación de Bermúdez y, por tanto, de la sentencia del 11-M”.

Los magistrados de la sección séptima de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Supremo son Juan José González Rivas, Nicolás Maurandi, Pablo Lucas, José Díaz Delgado y Enrique Cancer y vieron a puerta cerrada este tercer recurso de De Prada, el cual tenía a su favor el informe de la Fiscalía. Esto es, el Ministerio Público instaba a la destitución de Bermúdez.

Aún así, el Supremo ha dictaminado lo contrario. El abogado Mazón aclaró que recomendará a su cliente recurrir el fallo ante el Tribunal Constitucional porque no tiene ningún sentido: “Por mucho menos el Supremo anuló en noviembre el nombramiento de dos magistrados del mismo tribunal”, declara haciendo referencia a José Manuel López García y Rosa María Virolés, cuyos nombramiento también impugnó el abogado murciano.

Por su parte, fuentes de la Audiencia Nacional, dan a la decisión del Tribunal Supremo una interpretación algo más moderada y sostenida por dos argumentos. En primer lugar, “una de las razones de la impugnación del nombramiento de Bermúdez se basaba en que había sido concurrido por Francisco José Hernando, presidente del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Supremo en funciones desde hace más de un año, y Hernando es el único cargo del Consejo que legalmente no está prorrogado. Si la Sala de lo Contencioso Administrativo del Supremo entra a analizar esta circunstancia, estaría cortando la cabeza a su propio jefe y darían pie a que el Consejo y el Supremo funcionaran sin presidente”.

En segundo lugar, la filtración de que Bermúdez había perdido sus apoyos entre el sector conservador del CGPJ, de la que dio cuenta El Confidencial, no ha sentado nada bien en el Supremo, “si destituían a Bermúdez parecería que están al servicio de los cambios de criterio del Consejo, como si hicieran el trabajo sucio”. Esta es la explicación más plausible de por qué no han seguido los mismos criterios que en el caso de la mencionada sentencia de noviembre contra el nombramiento de dos jueces del TS: “De lo contrario, no tiene ningún sentido”.

La soledad de Bermúdez

Los vocales del Consejo que retiraron el apoyo al juez Bermúdez fueron los de la mayoría conservadora Adolfo Prego, José Luis Requero y Josep Alfons López y las razones residían tanto en el contenido de la sentencia del 11-M, como en la publicación por parte de su esposa, Elisa Beni, del polémico libro La soledad del juzgador sobre la vista oral de los atentados de Atocha.

A pesar del ambiente creado por esta obra, el juez más mediático de 2007 se ha librado de sanciones disciplinarias por parte del CGPJ y ahora de su destitución como presidente de la Sala de lo Penal de la Audiencia. Sin embargo, Beni no ha salido bien parada. La Comisión de Comunicación del Consejo, de la que forman parte precisamente los dos primeros vocales mencionados, decidió el pasado 9 de enero la conveniencia de que deje de trabajar como directora de comunicación del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, cargo de confianza del CGPJ.

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