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  Montserrat Corulla.

Socio de la Kutxa en Murcia y de Montserrat Corulla en Madrid, pero sobre todo, amigo personal del ex asesor de Urbanismo del Ayuntamiento de Marbella, Juan Antonio Roca. Todo eso y mucho más ha sido Francisco Javier Arteche Tarascón, uno de los integrantes de la denominada trama vasca de Marbella, que ha sido imputado por fin en el Caso Malaya. Su juez instructor Óscar Pérez le ha incluido en una pieza separada del caso que investiga las operaciones urbanísticas correspondientes a las parcelas Ave María y Francisco Norte.

Arteche es un viejo conocido de los lectores de El Confidencial. Empresario de origen guipuzcoano, ha operado activamente en la Costa del Sol, Murcia, Espartinas (provincia de Sevilla) y Madrid. Tejió, junto a sus socios Luis María Maya Galárraga y Agustín Aguirre Iguíniz una colosal telaraña de empresas especializadas en la recalificación de terrenos, entre las que destacan Yeregui, Obarinsa, Proinsa, Lubide o Inversan.

A las actuaciones de la trama vasca debemos obras como los polémicos proyecto urbanísticos de Lo Poyo y La Zerrichera, en Murcia, promovidos junto a la Kutxa; el Hotel Senator, emblema de la corrupción marbellí; la compra de cuadros millonarios; o las sospechosas operaciones en edificios emblemáticos en Madrid utilizando a la presunta testaferro de Roca, Montserrat Corulla, como fachada. Sus tentáculos han llegado incluso hasta la Hacienda de Guipúzcoa.

Precisamente, el propio Juan Antonio Roca reconoció en enero del 2007 ante la instructora de las diligencias de la fiscalía anticorrupción, Carmen Rodríguez Medel, que mantenía una relación de “amistad” con Arteche, que le dejó un piso durante dos años “a cambio de nada” en el número 54 de la madrileña calle Goya.

"Indicios de fraude"

El magistrado ha ordenado tomar declaración como imputados en relación con la operación Ave María, además de a Arteche, a Roca, al ex alcalde Julián Muñoz, a los empresarios Carlos Sánchez y Andrés Liétor y al abogado Francisco Soriano -también procesados por el Caso Malaya-, así como a Inés Soroeta y al tasador José Mora. En relación con las actuaciones urbanísticas sobre la parcela Francisco Norte, tendrán que comparecer como imputados Muñoz, Arteche, Segundo Pastor y Marisol Yagüe.

El magistrado señala que en la operación Ave María el Ayuntamiento firmó un convenio en septiembre de 2002 con la empresa CCF 21, propiedad de Sánchez y Liétor, por el que el consistorio cedió un aprovechamiento urbanístico por valor de más de 1,4 millones de euros a cambio de una finca cuyo valor no superaba los 30.000 euros.

El juez destaca que antes del convenio, en agosto de 2002, más de 9.500 metros cuadrados de aprovechamiento en Ave María, así como casi 900 en Los Verdiales, fueron vendidos por CCF 21 a la sociedad Masdevall

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