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El juez Santiago Pedraz ha desestimado la competencia de la Audiencia Nacional para investigar si Federico Jiménez Losantos ha incurrido en un delito de injurias y calumnias contra la Policía por sus comentarios radiofónicos sobre la actuación policial en el 11-M como le pedía la Fiscalía.

El responsable del Juzgado Central de Instrucción número 1 de la Audiencia Nacional ha argumentado en un auto que este tribunal no puede ocuparse de estos hechos porque este delito "no está atribuido a su competencia", pese a la opinión de la Fiscalía, que este miércoles señalaba que las injurias a la Policía podrían incluirse en los delitos contra las Instituciones del Estado o Altos Organismos de la Nación, que sí son de la jurisdicción de este tribunal.

Sin embargo, según explica el juez, las amenazas o injurias a las Fuerzas y Cuerpos y Seguridad, "aún cuando sean instituciones fundamentales del Estado", no pueden considerarse como Altos Organismos de la Nación y, por ello, la Audiencia Nacional no tiene potestad para investigar este supuesto delito, por lo que acuerda la inhibición de estas diligencias en favor de los Juzgados de Instrucción de Madrid.

Pedraz recuerda en el auto que los Altos Organismos de la Nación son el Gobierno, el Consejo General del Poder Judicial, el Tribunal Constitucional, el Tribunal Supremo, así como el Consejo de Gobierno o Tribunal Superior de Justicia de una comunidad autónoma.

También rebate al Ministerio Público cuando éste alega que el Código Penal de 1973 contemplaba que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad son Altos Organismos y señala que en ese texto el delito imputado no se encontraba regulado en el apartado de los delitos contra tales Organismos.

Presunto delito de injurias y calumnias

De esta forma, el magistrado responde al fiscal Ignacio Gordillo, quien si considera que la Audiencia Nacional es competente para investigar la querella presentada por el Sindicato Unificado de Policía (SUP) el pasado 12 de diciembre, en la que acusaba al periodista de la cadena COPE de vulnerar el "legítimo ejercicio de la libertad de expresión" al haberse extralimitado en su ejercicio.

De esta manera, habría incurrido en presuntos delitos de injurias y calumnias, según la denuncia, que incluía recortes de prensa y grabaciones en las que supuestamente acusaban a policías, con nombres y apellidos, de colocar la bomba de Vallecas, haber permitido el atentado del 11-M, haber falsificado pruebas, tener conexiones con ETA y colaborar en un golpe de Estado.

El SUP ha presentado la misma denuncia contra el también periodista Luis del Pino, colaborador de Libertad Digital y "El Mundo", el 17 de diciembre en su caso, que tramita el juez Baltasar Garzón y sobre el que la fiscal de la causa, Dolores Delgado, aún no se ha pronunciado.

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