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En nombre del Gobierno vasco, Mirem Azcárate, su portavoz oficial, sentenció ayer: "La violencia de ETA no se combate achicando la democracia". Manda huevos. Como si la democracia anduviera sobrada de holgura en las campas de la política vasca. Como si fuese el ministro del Interior el que se dedica a recortarla. La tragedia vasca es más profunda de lo que imaginábamos si a estas alturas de la película el Gobierno de Vitoria no reconoce en su propia tierra el largo y penoso secuestro de las libertades decretado por ETA.

Puestos a lamentar eventuales achiques de la democracia, es preferible la admonición de monseñor García Gasco, cuando denuncia lo mismo que Miren Azcárate, aunque sólo en el terreno de las políticas familiares de Rodríguez Zapatero. No en las tareas encargadas a las Fuerzas de Seguridad del Estado en la persecución, detención y puesta a disposición judicial de los etarras que nos amargan la vida.

En el ejercicio de tan solidarios e higiénicos quehaceres, la Guardia Civil nos acaba de dar una alegría: el hallazgo de dos depósitos de explosivos, uno cerca de Sabiñánigo (Huesca) y otro en Lesaka (Navarra). Queda totalmente desmentido el posible uso de ese material en la elaboración de originales colecciones de fuegos artificiales destinadas a las fiestas de los pueblos. Se confirman, por el contrario, las intenciones criminales de sus legítimos dueños si al menos dos de ellos, Igor Portu y Martin Sarasola, no hubieran sido detenidos e interrogados el domingo pasado en Mondragón (Guipúzcoa).

Dicho sea de paso, también se ha vuelto a demostrar que la detención de etarras es una actividad altamente peligrosa. No basta un casco, como en la construcción, para cumplir las exigencias en materia de seguridad en el trabajo. El chaleco antibalas es de uso obligatorio cuando se trata de enfrentarse sin achicar la democracia a quienes tienen sobradamente acreditada su costumbre de disparar por la espalda y sin avisar.

Para no achicar la democracia, los agentes están obligados a respetar la integridad física de los detenidos y a tratarles como personas. Obviamente, tienen estrictamente prohibidos los malos tratos, las torturas o cualquier tipo de vejación. Y es su deber informar al juez de las situaciones sobrevenidas que pudieran sugerir la existencia de malas prácticas en el trato a un detenido. Eso es exactamente lo que hicieron en este caso los compañeros de los dos jóvenes guardias civiles asesinados no hace mucho tiempo en Capbreton, al sur de Francia.

A partir de ahí, se despachan dos versiones para la opinión pública. Una, la de los etarras. Otra, la de la Guardia Civil. A la hora de otorgar el beneficio de la duda, no hay color. Y esta vez la corriente de apoyo inequívoco a las Fuerzas de Seguridad, ha encontrado juntos en el camino al PSOE y al PP. Aleluya. A pesar de que la versión aceptada por ambos fue difundida por el ministro Pérez Rubalcaba, a quien la parte más iracunda del PP sigue atribuyendo el papel del conde de Montijo (Motín de Aranjuez, ante el palacio de Carlos IV) en la agitación de las masas (13-M, ante la sede de Génova).

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