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A lo largo de la legislatura han sido frecuentes las voces que han dado por finiquitado el sistema nacido de la Constitución de 1978. Creo que hay que considerar esas voces más como advertencia que como constatación, pero sería necio ignorar que se está poniendo en cuestión su legitimidad, algo que todo el mundo habría considerado tan inútil como insensato hace muy poco tiempo. Es necesario, por tanto, plantearse cuáles son los límites que no habría que sobrepasar sin poner en riesgo el mencionado sistema y enjuiciar, a la luz de esos límites, el significado de la presente legislatura.

¿Qué ha pasado en realidad? La suplantación de un período de plena identificación con la Constitución por un proceso de reinterpretación y/o de ruptura de la misma, no es algo que suceda milagrosamente ni en un instante. Hay que hacer algo de historia para entender el fenómeno. El primer paso en ese proceso de deslegitimación fue la relectura de la transición que, todo hay que decirlo, tal vez había sido mitificada en exceso. Un sector muy significativo de la izquierda intelectual no supo digerir la mayoría absoluta del PP y, en alianza con una dura oposición (Prestige, No a la guerra), comenzó una labor de zapa haciendo ver que, para poner en pie la democracia, la izquierda había cedido más de lo debido a consecuencia de la presión militar.

Se piense lo que se piense de esa interpretación, es claro que creó el escenario preciso para que Zapatero pudiese concebir un nuevo orden político no basado en la alternancia con el PP, sino sustentado en una coalición con los nacionalistas que, como de propina, permitiría estabilizar el sistema un poco más a la izquierda. El Pacto del Tinell y la proclamación de un apoyo incondicional a la reforma del Estatuto catalán anunciaron lo que iba a pasar en caso de victoria electoral del PSOE, que fue exactamente lo que pasó tras el salvaje atentado de Madrid y las elecciones del día 14 de Marzo.

Un balance negativo de legislatura

Tanto si nos atenemos a lo ofrecido a los socios de Zapatero como a los intereses del Estado, el balance negativo de la legislatura está fuera de discusión. Los nacionalistas están más insatisfechos que nunca y muestran su afán separatista con desenvoltura nunca vista; la economía no da signos de bonanza; se han roto las reglas del equilibrio territorial; se ha quebrado el consenso contra el terrorismo; la posición y la visibilidad internacional de España han experimentado una mengua rotunda; el terrorismo ha vuelto por sus fueros y muchas de las funciones básicas del Estado, tal que educación, diplomacia o infraestructuras, se realizan de modo deficiente, como, por otra parte, es inevitable cuando un Gobierno piensa más en cambiar el Estado que en administrar bien sus recursos. Por último, la Monarquía, pieza clave en el equilibrio institucional, se ha visto sometida a toda clase de tensiones, lo que, si somos optimistas, tal vez pueda servir para que mejore su rendimiento en el futuro.

Hemos pasado del confort de un país que merecía elogios universales, tanto a derecha como a izquierda, tanto aquí como fuera, a vivir en un sistema puesto en cuestión por unos y otros, un sistema sometido a toda clase de pruebas. Estos son los hechos, los perfiles de una situación peligrosa pero no definitiva, porque son muchas las cosas que se pueden hacer a partir de esta constatación, teniendo en cuenta que en política no hay nada definitivo.

Las elecciones generales supondrán un hito fundamental en el destino de nuestro sistema político. Creo que se puede descartar por completo una victoria rotunda del PSOE, porque es evidente que el conjunto de lo que está pasando no gusta a una gran mayoría de españoles, tanto a la izquierda como a la derecha. Si el PSOE pierde las elecciones, es decir, si obtiene aún menos votos y escaños que los que tiene, parece obvio que el PP debería de propiciar un acuerdo con el nuevo líder socialista para poner límites claros al envejecimiento forzado del sistema. Por el contrario, si el PSOE repite, debería pasar algo muy similar, aunque no habría que descartar que ZP, como González tras las elecciones de 1993, diga que “ha entendido el mensaje”, pero siga actuando como si no lo entendiese.

Los españoles deberíamos plantear nuestro voto conforme a este panorama de posibilidades, teniendo en cuenta que los límites del sistema no se pueden modificar a capricho, porque no son infinitamente elásticos. Lo más grave que podría suceder en la próxima legislatura es que se siguiese procediendo a una voladura de la Constitución sin advertirlo a los electores y sin pensar a fondo un sistema alternativo sobre el que se debería pronunciar el pueblo soberano. Es inquietante que se pueda estar pensando en alterar los planos del edifico mientras la gente, más o menos distraída, piensa que se está procediendo a pequeñas reformas. Caben alternativas al sistema vigente, y es incluso posible que algunas sean mejores. Lo que es intolerable es que seamos llevados a donde seguramente no querríamos ir a base de equívocos, de improvisación, de cintura y de optimismo insensato.

*José Luis González Quirós es analista político y escritor

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