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Todos los analistas coinciden: la apelación a la unidad política para acabar con el terrorismo fue lo más relevante del mensaje navideño del Rey. Pero el Rey no se moja. Solo en el método de trabajo: la unidad de los dos grandes partidos. Al menos los dos pilares centrales del sistema político, el derecho y el izquierdo. No en la receta. Y nuestro problema es que la receta del Gobierno no coincide con la del PP. Hay visibles diferencias sobre los pasos a dar. Aparentes en gran medida, aunque siempre notorias y muy visibles por exceso de escenificación.

Don Juan Carlos no dijo en su mensaje, ni siquiera lo sugirió, si la estrategia o el modo de acabar con ETA es la "derrota", la "negociación", el "final dialogado" -las palabras vienen cargaditas-, la entrega de las armas o la resignada aplicación sine de de las normas del Estado de Derecho hasta el agotamiento de la banda terrorista. El Rey no puede ni debe hacer eso. No puede ni debe ser explícito sobre si la mejor manera de acabar con el terrorismo, "visto como ataque inaceptable a nuestros derechos y nuestros valores", es el método 'a', el 'b', el 'c' o el 'd'.

Lo único que puede hacer el Rey es recostarse en la Constitución, en sus valores, en sus principios y, atención, en sus normas. Nunca en opinables formas de aplicarlos, porque desbordaría su papel moderador y entraría en el ámbito de actuación propio de los partidos y sus líderes. Si hiciera tal cosa duraría cinco minutos más en la cúspide de nuestra Monarquía parlamentaria. Lo suyo es atenerse al texto constitucional. De ahí la importancia que tiene el pasaje en el que, después de hacer el llamamiento a la unidad contra el terrorismo, don Juan Carlos añade: "Teniendo en cuenta las reglas y principios de la Constitución Española".

Ojo, no sólo habla de principios. También habla de "reglas". En mi opinión, es la entraña del llamamiento a unirse contra ETA formulado por el Rey en su mensaje navideño. Don Juan Carlos no dice cómo. Tampoco la Constitución lo dice, pero sí dice: "El Gobierno dirige la política interior y exterior, la Administración civil y militar y la defensa del Estado" (artículo 97). Por cierto, también lo dice el Pacto Antiterrorista en su punto primero: "El terrorismo es un problema de Estado. Al Gobierno de España corresponde dirigir la lucha antiterrorista".

A quienes tienen dificultades para aceptar las reglas del juego les brinda el sistema la inminente oportunidad de hacer piña en las urnas y desplazar del poder a Zapatero. Tengan la seguridad de que, si lo logran, algunos seguiremos reconociendo al nuevo Gobierno de la Nación el derecho y el deber de intentar el final del terrorismo. Aunque, como es asunto opinable, creamos eventualmente que se está equivocando, como puede haberse equivocado Zapatero. Pero esa es otra cuestión.

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