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 Un bombero apaga el fuego de un autobús interurbano en Getxo (Efe).

ETA intentó atentar hace unas semanas contra los juzgados de la localidad vizcaína de Getxo, donde colocó dos bombas con el doble fin de amedrentar a la Magistratura y tender una trampa a los artificieros de la Ertzaintza; recientemente también, el 'comando Vizcaya' reventó el juzgado de paz de Sestao; y, en medio, han seguido actuando los saboteadores de la 'kale borroka'. La ofensiva de la organización terrorista y de su entorno, que han vuelto a situar entre sus objetivos preferentes al mundo de la Judicatura, está inquietando a los profesionales de la Justicia en Euskadi, uno de los colectivos que mantuvo la protección incluso cuando ETA declaró su tregua de marzo de 2006.

Desde que la banda cruzara una barrera hasta entonces no superada al asesinar en Euskadi a un juez vasco -mató a José María Lidón en noviembre de 2001-, todos y cada uno de los alrededor de 250 magistrados y fiscales que ejercen en la comunidad autónoma y Navarra han vivido protegidos por guardaespaldas; una situación inédita en la Unión Europea. La declaración de alto el fuego no modificó esa situación por recomendación prudente de los responsables de Interior. Sin embargo, sí hubo jueces que, hartos de tener que desarrollar su vida bajo la sombra de los escoltas y de tener que revisar a diario los bajos del coche, renunciaron voluntariamente a la misma contra el criterio de los expertos policiales y de sus propios compañeros.

Para ellos, sostienen fuentes consultadas, el mazazo fue terrible cuando ETA decidió volver a las armas. El recrudecimiento de los atentados no ha conllevado un refuerzo palpable de la seguridad porque ésta no se había relajado, pero sí ha extendido la preocupación entre un colectivo que se sabe permanentemente en el punto de mira de la banda y de su entorno político y sociológico. No en vano, la Justicia viene actuando como auténtica punta de lanza contra la izquierda abertzale, a la que ha descabezado tras la detención de los dirigentes de la mesa nacional de la ilegalizada Batasuna y la sentencia que acaba de condenar a 47 miembros de los distintos frentes de actuación de la organización terrorista.

Caso Ekin

Sentencias como la del ‘Caso Ekin’ no ayudan a tranquilizar los ánimos en la judicatura. Curiosamente, ayer se supo que el tribunal de la Audiencia Nacional que juzgó este caso, seguido contra varias organizaciones del entorno de ETA, valoró el alejamiento de la banda terrorista y del mundo abertzale en general de uno de los acusados para imponerle una condena de sólo dos años de prisión.

Así lo han asegurado a Efe fuentes jurídicas, que han señalado que los miembros de la sala deliberaron hasta el último momento sobre la situación de José Ramón Antxia Celaya, ya que pese a que su conducta en el pasado hubiera permitido condenarle por integración en organización terrorista, los magistrados querían tener en cuenta que está totalmente apartado de esas actividades.

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