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Formalmente la disolución de las Cámaras no se producirá hasta el 14 de enero. En esa fecha aparecerá en el BOE el decreto que, junto a la disolución, convocará las elecciones generales para el domingo 9 de marzo. Pero la aprobación definitiva de los Presupuestos Generales del Estado, ayer tarde, y sin perjuicio de las tareas propias de la Diputación Permanente -órgano 'de guardia' de la soberanía nacional-, cancela de hecho la novena Legislatura democrática y octava constitucional.

El pulso político de estos casi cuatro años no nos deja ver la Legislatura como un modelo de buenas prácticas. Todo lo contrario. Ha sobrado crispación y ha faltado espíritu constructivo. Lo que debía haber sido una legítima y obligada pugna entre los dos grandes partidos se ha convertido en una cadena de reyertas sucesivas sobre asuntos de mayor cuantía. El resultado visible: cantidades industriales de sectarismo y notable empobrecimiento del debate político, con aberrante presencia de ciertos actores mediáticos en las batallas de poder.

La época que terminará con las urnas de marzo ha estado marcada por la fragilidad del Ejecutivo. La aritmética electoral del 14-M le otorgó una insuficiente base parlamentaria propia para hacer de su capa un sayo. A diferencia de lo ocurrido en la Legislatura 2000-2004, en la que el Gobierno gestionó los intereses públicos con mayoría absoluta, sin tener que pactar la estabilidad política e institucional del país, en la Legislatura 2004-2008 el Ejecutivo ha tenido que buscarse la vida con apoyos de geometría variable. Variable en cuanto a los asuntos y también en cuanto a las fuerzas políticas. Todas menos el PP, mayoritaria entre las de oposición.

Como no hay pacto sin concesiones, y entre dichas fuerzas sólo una tenía -tiene- implantación nacional (Izquierda Unida), en la octava Legislatura se ha hecho muy patente la influencia de los grupos nacionalistas con representación parlamentaria. Ya ocurrió en la quinta (93-96, González), cuando se estrenó este modelo de gobernabilidad (partido nacional con apoyos nacionalistas) y en la sexta (96-00, Aznar). Con la diferencia de que entonces el apoyo fue estable. Y ahora no lo ha sido, hasta el punto de generarse situaciones tan esperpénticas como las protagonizadas por PSOE y ERC, con alianza en el ámbito autonómico y la enemiga en el ámbito estatal.

De todos modos, el tramo histórico que se cerrará con las elecciones del 9 de marzo quedará marcado por el enfrentamiento permanente de las dos primeras fuerzas políticas del sistema en los grandes asuntos de Estado, tales como el modelo territorial, la lucha antiterrorista y la política exterior. Eso no tenía precedente y pobres de nosotros si tiene consecuente en la siguiente Legislatura. Dependerá en gran parte de la aritmética parlamentaria que salga de las urnas del 9 de marzo.

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