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Para quienes desde hace tiempo venimos predicando en el desierto de la necesidad de separar lo público de lo privado, lograr que las empresas cotizadas se olviden de los poderes públicos y éstos se atrevan de una vez, en un gesto de genuino sabor democrático, a sacar las manos del panal del dinero de las grandes corporaciones, lo ocurrido en Telefónica en las últimas horas es una mala noticia. Mala sin paliativos. Buena para César Alierta, quizá, y desde luego excelente para Manuel Pizarro, mejor aun para Javier de Paz, un wannabe desde el punto de vista de currículo, pero pésima para Telefónica.

Y no es que nos hayamos caído de ningún guindo. A estas alturas conocemos demasiado bien a este país nuestro como para sorprendernos de que sigan ocurriendo cierto tipo de cosas, aunque indudablemente el tiempo y sus circunstancias puedan llevar al más descreído a hacerle pensar que sí, que tal vez nuestra primera y pomposa multinacional, una de las grandes telecos del mundo, era de verdad una auténtica empresa privada, entre otras cosas porque resulta difícil ir por el mundo reclamando seguridad jurídica y pidiendo a gritos que los Gobiernos de países en vías de desarrollo respeten las reglas del juego, juren amor eterno a la economía de libre mercado, no interfieran, no coarten, no metan la mano, no corrompan ni se corrompan, etcétera, etcétera, cuando uno no es capaz de hacer valer su condición de privado en su propio país de origen.

Doce años después de su teórica salida del sector público, Telefónica ha enviado al mercado un feo mensaje desmintiendo de plano su condición de empresa privada. La operadora española sigue siendo una especie de gran Ministerio, un pequeño Estado dentro del Estado, capaz de aportar gabelas sin cuento para el establishment político patrio. Gobierne quien gobierne. Difícilmente podría encontrarse un caso parecido de reparto de prebendas en la Europa rica y culta de la que teóricamente formamos parte, con excepción, quizá, de Italia. El empresariado español, del brazo de la clase política patria, se ha retratado de cuerpo entero. El resultado del envite es una triste foto en sepia de la pobre calidad de la democracia española.

Lo sucedido en la operadora hay que entenderlo en clave política. Nada de lo ocurrido en la sede de Gran Vía en las últimas 48 horas podría explicarse sin remitirnos a las elecciones generales previstas para el 9 de marzo próximo. Desde finales de agosto se venía hablando en la casa de las posibilidades de supervivencia de César Alierta más allá de marzo. En caso de triunfo del Partido Popular –que desde el 14-M no vive lo que se dice una luna de miel con Génova- porque el puesto podía tener candidatos tan notorios como el propio Rodrigo Rato.

Y porque, en caso de que Rodríguez Zapatero revalide victoria, son muchos los prebostes socialistas en lista de espera para sentarse en tan apetitosa poltrona. La pacífica travesía de Alierta por el desierto de un Gobierno que ha intentado tumbar por las bravas a sus copains del BBVA y de Endesa no deja de ser un prodigio de mano izquierda del maño, que empezó a manifestarse cuando, en los meses previos al 14-M, decidió “dar cuartelillo” a un Zapatero de quien ni el más optimista pensaba que pudiera llegar un día a La Moncloa. Su pacto a lo Molotov-Ribbentrop con Jesús Polanco le proporcionó el escudo antimisiles necesario para sobrevivir, sobre la base, también, de mostrarse generoso con aquellas propuestas que Javier de Paz, mandatado del propio ZP para la ocasión, dejaba periódicamente sobre la mesa de su despacho en Gran Vía.

Pero es evidente que las cosas podían cambiar, iban a cambiar, en caso de nueva victoria del PSOE, porque, como aseguraba ayer un buen conocedor de lo ocurrido, “chato, es obvio que te hemos tratado muy bien –cosa que el propio Alierta reconoce- estos cuatro años, pero es hora de que vayas ahuecando el ala, básicamente porque tengo cola de gente esperando ocupar ese puesto...” El inteligente movimiento de ayer desbarata esos riesgos y asegura a su protagonista seguir al frente de la operadora al margen de lo que ocurra el 9 de marzo próximo. Siete años después de ocupar la presidencia, Alierta salta al escenario como prima ballerina assoluta, dispuesta a deleitarnos del brazo de dos galanes tan apuestos como Pizarro y De Paz, con todo el cuerpo de baile de PP y PSOE detrás.

Una operación que sin duda satisfará a los grandes accionistas transatlánticos de la operadora, en tanto en cuanto aleja incertidumbres políticas de la dirección, sobre la base, gran paradoja, de politizar la sociedad hasta la náusea. Lo cual no deja de ser una pena, un gasto excesivo por parte de un hombre, Alierta, que lo estaba haciendo bien, incluso muy bien al frente de operadora, y a quien ha faltado, tal vez en el momento justo, en el punto estelar de su gestión, con la acción recuperada en Bolsa, el gesto de valor para plantarse y asegurar, incluso de forma negociada, la independencia de una multinacional que malamente va a poder dar lecciones de economía de libre mercado viniendo de un escenario tan intervenido como el español.

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