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El ex dictador uruguayo Gregorio Álvarez ingresó este lunes en prisión acusado de "reiterados delitos de desaparición forzada" y traslados clandestinos de detenidos desde Argentina a Uruguay cuando era jefe del Ejército, entre 1977 y 1978. Álvarez, de 82 años, fue procesado y trasladado en la mañana de este lunes al centro de reclusión de militares de Domingo Arena. "Es un día histórico", afirmó a la prensa la activista de derechos humanos Irma Leites, de la organización Memoria, Plenaria y Justicia.

Inmediatamente fue convocada para última hora de hoy una concentración en la Plaza de La Libertad, del centro de Montevideo, para celebrar esta decisión de procesar a implicados en desapariciones forzadas durante la dictadura instaurada en Uruguay entre 1973 y 1985. Además de Álvarez, también fue procesado por este delito, cargo que es aplicado por primera vez, el ex marino Juan Carlos Larcebau y se pidió la captura del también ex oficial de Marina Jorge Tróccoli, ausente del país desde hace dos meses.

La Suprema Corte de Justicia de Uruguay había rechazado la semana pasada un recurso de inconstitucionalidad contra la denominada "ley de desaparición forzada", aprobada hace poco más de un año. Este paso despejó el camino para el enjuiciamiento de Álvarez, quien fuera comandante en jefe del Ejército uruguayo entre 1978 y 1979, y presidente "de facto" entre 1981 y 1985, cuando concluyó la dictadura militar. Gregorio Álvarez asumió el cargo de comandante en jefe del Ejército en febrero de 1978, por lo que la Fiscalía entiende que el ex dictador debía estar al tanto de los traslados clandestinos de militantes del Grupo de Acción Unificadora (GAU) y el Partido Comunista Revolucionario (PCR) ocurridos entre Buenos Aires y Montevideo en esa época.

La fiscal del caso, Mirtha Guianze, indicó a la prensa que Álvarez ha sido procesado por "reiterados delitos de desaparición forzada" en relación con esos traslados clandestinos de unas 30 personas desde Argentina. Álvarez ya había negado cualquier responsabilidad en esas acciones coordinadas contra opositores políticos por parte de los gobiernos militares que se establecieron en el Cono Sur en los años 70 y 80, conocidas como "Plan Cóndor".

El delito por el que se acusa a Álvarez y a los otros dos ex oficiales es castigado con una pena de hasta 25 años de cárcel. El abogado Carlos Curbelo Tammaro, encargado de la defensa de Álvarez, anunció esta mañana por medio de un escrito que renunciaba a su tarea, pues, según argumentó, el dictamen del procesamiento no está ajustado a la ley.

Marco legal

Según declaraciones recogidas por el diario "El Observador" en su página digital, Tammaro dijo que no existe "un marco legal y constitucional que ampare los principios del debido proceso legal y las garantías para la defensa de cualquier justiciable". Añadió que la fiscal Guianze "fue elegida ex profeso", monopolizó "todos los juicios penales contra los militares del proceso" y "durante seis meses ha instruido una prueba de cargo, sin conocimiento ni contralor de esta defensa". Guianze afirmó a la cadena de radio El Espectador que se sentía satisfecha por haber cumplido "la función" que había caído "en sus manos".

Poco antes de conocerse el procesamiento, el Centro Militar, el Círculo Militar y el de Oficiales Retirados de las Fuerzas Armadas cuestionaron en un comunicado la interpretación de la Ley de Caducidad, que perdonó a los militares los actos cometidos durante el régimen dictatorial. Esa norma, aprobada en 1986 por el Parlamento y refrendada en las urnas en 1989, puso fin antes de su inicio formal a los juicios contra militares y policías presuntamente involucrados en violaciones de los derechos humanos.

Sin embargo, los delitos cometidos fuera de Uruguay, como el traslado clandestino de detenidos, quedan fuera del alcance de la ley, según la interpretación del Gobierno, que preside el socialista Tabaré Vázquez, el primer gobernante que abrió la puerta a los juicios contra los militares.

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