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El día en el que el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, pedía su confianza a la Cámara Baja para formar su primer Gobierno, sabía bien que muchos de sus proyectos eran poco realistas, especialmente aquéllos que exigían de un gran acuerdo entre PSOE y PP. Así lo dijo al acabar su discurso, cuando señaló que “algunas utopías merecen ser soñadas; no las alcanzaremos todas, pero nos marcarán el rumbo por el que hay que avanzar”. El líder del PSOE aventuró que ésta sería “la legislatura del diálogo y el encuentro” y lejos de esa ensoñación, la crispación a cara de perro ha marcado un periodo en el que los grandes proyectos (reforma de la Constitución, nuevo Reglamento para el Congreso o la reforma del Senado) han quedado olvidados en un cajón y duermen hoy el sueño de los justos.

Aquella jornada, el 15 de abril de 2004, Zapatero resumió en cinco grandes líneas maestras los ejes que guiarían su gestión: la renovación de la vida pública, una política exterior europeísta, el desarrollo económico, la creación de nuevas políticas sociales y la extensión de nuevos derechos civiles. De todas ellas, la referida a la renovación de la vida pública es en la que menos avances se han realizado. Todos los proyectos anunciados entonces por Zapatero han quedado, como comúnmente se dice, en agua de borrajas. Por falta de voluntad política en unas ocasiones, por el nulo apoyo del partido de Mariano Rajoy en otras.

Zapatero justificaba entonces la necesidad de estos cambios porque “en los veinticinco años que hemos vivido de democracia, la sociedad se ha mostrado en muchas ocasiones más viva y dinámica que la política”. Y porque “esa falta de adecuación se encuentra sin duda en la base del distanciamiento de algunos y de la falta de incorporación de los más jóvenes” a la política.

Terrorismo

El primer objetivo de esa renovación de la vida pública pasaba por la estrategia antiterrorista. El PSOE se comprometía en su programa de 2004 al “cumplimiento escrupuloso y estricto del Pacto por la libertad y contra el terrorismo”, que el presidente dijo que seguía “vigente” en su discurso de investidura, en el que expresó también su deseo de extenderlo al resto de formaciones parlamentarias. El programa también se comprometía a la observancia “estricta” de la Constitución y añadía el rechazo a “cualquier negociación que implique el pago de un precio político democrático por el fin de la violencia”.

Lejos de sus intenciones, el pacto por las libertades quedó definitivamente herido de muerte cuando el Congreso, sin el apoyo del PP, autorizó al Gobierno a dialogar con ETA durante la fallida tregua. El pasado martes, por cuarta vez, el PP se volvió a quedar solo en su petición de revocar ese permiso demostrando, una vez más, que la unidad de todas contra ETA sigue siendo solo una quimera que hasta, pasadas las elecciones de marzo, parece imposible de conseguir.

Un nuevo Reglamento para el Congreso

Zapatero la calificó como uno de sus “compromisos más firmes”. “No podemos seguir demorando una reforma del Reglamento que todos reconocen necesaria, y nadie aborda”, dijo ante sus señorías. El PP y el PSOE llegaron incluso a suscribir un documento con los 10 ejes principales de la reforma. Pero el acuerdo definitivo encalló por las reivindicaciones de los nacionalistas sobre el uso del catalán, el gallego y el euskera en el Parlamento.

Reformar la Constitución

Para el presidente del Gobierno, la reforma de la Cámara Alta era “imprescindible”. “Todos coincidimos en la necesidad de reforzar la cohesión y la vertebración de España y en defender la identidad, el autogobierno y la participación de las comunidades autónomas en una tarea común. Ese espacio corresponde al Senado y hay que facilitar que lo pueda llevar a cabo”, dijo en abril de 2004.

Un objetivo que requería la reforma del Título III de la Carta Magna, es decir, que se aprobase por una mayoría de 3/5 tanto en el Congreso como en el Senado. Misión más que imposible en esta legislatura en la que otras votaciones que han necesitado obligatoriamente de los diputados del PP, como la renovación del Consejo General del Poder Judicial, han sido bloqueadas.

Así, en su deseo de convertir el Senado en la verdadera cámara de representación territorial, Zapatero tuvo que conformarse con otorgarle una mayor visibilidad, sometiéndose periódicamente a sus sesiones de control, y celebrando en ella la Conferencia anual de Presidentes Autonómicos.

Idéntica situación ha ocurrido con las otras tres reformas de la Constitución que Zapatero propuso al comienzo de la legislatura: la no discriminación de la mujer en la sucesión de la Corona, la inclusión del nombre de todas las comunidades autónomas y una referencia a la no nata Constitución europea. Nació Leonor, después Sofía, y aunque PP y PSOE coinciden en la necesidad de asegurar los derechos sucesorios de la primogénita, el tortuoso camino que hay que emprender (mayoría de 2/3 en cada cámara y disolución de las Cortes, incluida) ha disuadido a Zapatero de hacerlo en esta legislatura.

Ni eutanasia, ni aborto, ni oficina presupuestaria…

En cambio, otros proyectos que el PSOE prometía en su programa electoral y que no necesitaban del concurso de los de Rajoy tampoco han llegado a ver la luz. Como su deseo de “contribuir a la transparencia” con la creación, tal y como anunciaba el programa electoral, de una Oficina Presupuestaria en el seno de las Cortes “dirigida a asesorar de forma independiente y selectiva a los parlamentarios en las etapas de discusión y aprobación” de las cuentas del Estado. Medidas más polémicas, como la adopción de un sistema de plazos en la legislación sobre el aborto o la creación de un comisión parlamentaria que debata la despenalización de la eutanasia también han quedado en el olvido, en un intento por no tensar más las relaciones con la jerarquía católica, ya bastante molesta con la regularización del matrimonio homosexual.

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