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La decisión del Tribunal Supremo de no embargar “por el momento” las herriko tabernas supone un freno a la estrategia del juez instructor de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón en su empeño de desentramar el entorno de Batasuna-ETA. Al menos, la estrategia que el magistrado inició a mediados de 2002 cuando ordenó la administración judicial de estos negocios por la existencia de indicios de que formaban parte de la estructura de la banda terrorista, y no la de enero de 2007 cuando, tras el atentado de la T-4 de Barajas, distinguía la izquierda abertzale de ETA porque ese argumento “contradice la Constitución Española”.

Fue en mayo de 2002, cuando Baltasar Garzón ordenó la administración judicial de 75 herriko tabernas para controlar el flujo de dinero y fondos de las mismas, con la intención de evitar que financien las actividades de ETA o cualquiera de las estructuras relacionadas con la banda. La vigencia de esta decisión era de seis meses prorrogables.

Las sucesivas renovaciones de este permiso le trajeron algún disgusto como el pasado 18 de abril, cuando se publicaba en varios medios una presunta omisión del juez de renovar el embargo a Batasuna de 48 de estos locales. Ese mismo día, el citado magistrado emitían una nota desmintiendo tal extremo. Y, de todas formas, por entonces ya no era necesario el trámite de ratificar el embargo porque la causa estaba ya en manos de la Sala del 61 del Supremo, encargada de la ejecución de la sentencia de la ilegalización de Batasuna.

Así las cosas, el Tribunal Supremo ordenó el 23 de octubre de este año la entrada de las Fuerzas de Seguridad del Estado en las herriko tabernas del País Vasco y Navarra para inventariar los locales y bienes de Batasuna, en el proceso de liquidación que se sigue tras su ilegalización de 2003 por la ‘Sala del 61’. Además, se dio un plazo de 15 días al juez Garzón para que enviase al Alto Tribuanl el “testimonio íntegro” del sumario de estos locales.

Fue en la mañana de ayer, cuando el Alto Tribunal echó el freno, aunque momentáneo, al procedimiento de Garzón cuando estimó por unanimidad que no procede embargar las herriko tabernas hasta que no se pruebe que los dueños de los establecimientos pertenecen a Batasuna. Por ello, se abrió un plazo para que las partes ejecutantes ejerzan “las correspondientes acciones de levantamiento del velo”, es decir, la identificación de los propietarios reales.

Se trata de la segunda reunión del pleno del Supremo, compuesto por 16 magistrados, con respecto a este asunto. El último encuentro tuvo lugar el 10 de julio sin que se llegara a conclusión alguna. Ahora, el Alto Tribunal otorga más tiempo a las herriko tabernas antes del embargo, mientras se aplica el mencionado 'levantamiento del velo'. Un plazo basado en el contenido del artículo 38 de la Ley Hipotecaria y en el artículo 593 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Bermejo, disgustado con la decisión del Supremo

El ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, aseguró ayer en los pasillos del Congreso que el Gobierno estudiará la posibilidad de recurrir la resolución Supremo cuando reciba la pertinente “notificación” de los servicios jurídicos del Estado. Bermejo ha indicado al respecto que los servicios jurídicos del Estado analizarán “a fondo” este acuerdo y si lo consideran oportuno, el Gobierno se planteará interponer un recurso.

Por su parte, el secretario general del PSE-EE, Patxi López interpretó que la decisión del Alto Tribunal da la razón a lo que están diciendo el Partido Socialista y el Gobierno: “No se puede ir a los tribunales por voluntades políticas, por intuiciones o por no sé qué tipo de sospechas, sino sólo, única y exclusivamente con datos, con hechos y con realidades". Asimismo, indicó que “cuando el PP insta constantemente a ilegalizar formaciones políticas (léase ANV)” debe tener en cuenta que “cuando el Estado acude a los tribunales no puede ir para que le digan que no, tiene que ir con hechos y con realidades que avalen una posición y serán los tribunales los que decidan, como han decidido con el caso de las herrikos”.

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