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La política española produce una extraña sensación de estancamiento que recuerda aquella definición del fútbol que daba Gary Lineker, ex delantero inglés del Barça, “un deporte en el que juegan once contra once y en el que, al final, siempre gana Alemania”. Aquí, al final ganan los nacionalistas, como lo acaba de mostrar la derrota de la Ley de Presupuestos en el Senado. Los nacionalistas tienen la extraña habilidad de nadar y guardar la ropa: cobran por estar y cobran, algo más, cuando deciden salirse.

Se mire por dónde se mire, la subordinación del resto de los españoles al humor tornadizo de los de CIU, los de Ezquerra, el PNV o el BNG, no acaba de resultar razonable porque atenta a un principio lógico esencial: que las partes no pueden ser más que el todo. Aquí los nacionalistas son el todo cuando les conviene (en los territorios en que dominan la alternativa es casi imposible) y, cuando son la parte, se las arreglan para que no haya manera de formar un todo sin contar con ellos.

Los nacionalismos son los grandes beneficiarios del bipartidismo imperfecto en el que ha cristalizado nuestro sistema electoral, una situación que está produciendo un enojo creciente en la sociedad española. A veces puede parecer inevitable que España tenga que alimentar a una suerte de zánganos que, encima, nos reprochan ser poco laboriosos y vivir a su costa, pero no lo es. Este estado de las cosas debería corregirse mediante una reforma del sistema dispuesta a hacer imposibles tales excesos o, al menos, mucho más difíciles y costosos, aspiración que pasa por un acuerdo entre los dos grandes partidos para reformar un sistema que, en su actual diseño, los hace casi inevitables, por más que muchos estemos convencidos de que ese arreglo solo será posible con un ZP derrotado y retirado por los suyos.

El hecho es que las próximas elecciones dibujan un panorama en el que, o no estará Rajoy (porque el PP, caso de perder, tendría que tomarse muy en serio la necesidad de cambios de fondo), o no estará Zapatero, porque sería evidente que el PSOE nunca recuperaría el poder con las políticas que le habrían llevado a perderlo. Esto, se mire como se mire, tampoco es normal y es la prueba definitiva de que el sistema se ha vuelto disfuncional, de que los partidos se aíslan cada vez más de los electores y de que éstos no se acaban de encontrar a gusto ante un mercado tan poco dinámico como el político.

Es demasiado ingenuo suponer que sólo las reglas tienen la culpa de este desaguisado. En efecto, cambiar algunas es sumamente conveniente, pero en absoluto será suficiente. Tiene que cambiar también poderosamente la cultura política de los españoles que, en esta legislatura, se ha escorado de manera lamentable hacia un radicalismo absurdo. Un personaje tan poco sospechoso como el Presidente del Congreso no ha vacilado en advertir de los riesgos que tendría continuar con esta pendiente maniquea. Tanto el PSOE como el PP tienen mucho que aprender de un liberalismo práctico sin el que la democracia se convierte en una palabra vacía. Lo mismo cabe decir de los grupos de prensa, absurdamente alineados con el dogma respectivo en lugar de servir al derecho de información del público.

La necesidad de esa reforma está en el aire y son muchos los síntomas que la anuncian: la aparición de nuevos partidos, con lo difícil que resulta abrirse un hueco; las propuestas de reforma constitucional que han anunciado tanto el PP como el partido de Rosa Díez, y el hartazgo de muchos ciudadanos perfectamente perceptible en los blogs y en los escasos huecos que los medios de prensa tradicionales dejan para que el común pueda decir lo que siente. Cabe esperar que, como en el caso de la supresión del Impuesto sobre el Patrimonio que propuso Esperanza Aguirre, se acaben subiendo al carro de la reforma la mayoría de las fuerzas políticas (salvo, claro está, los que están ordeñando a fondo las carencias del presente).

Las leyes de la democracia no tienen que ser, como pretendían serlo las del franquismo, inalterables por su propia naturaleza. Lo lógico es que, treinta años después, se nos ocurran algunas enmiendas razonables al sistema, sin que eso signifique empezar de nuevo la casa ni, mucho menos, arrojar a nadie a las tinieblas exteriores. La mayoría de los españoles no es nacionalista, ni siquiera nacionalista español; muy al contrario, está a gusto con un país diverso (lo son todos, en alguna medida) y con una distribución territorial del poder que es muy razonable. Pero no creo que nadie pueda estar de acuerdo con que haya diecisiete espacios aéreos, diecisiete tribunales supremos, o una insoportable variedad de planes de estudio que, a veces, quedan convertidos en mera propaganda paleta.

La idea de una reforma territorial es uno de los aciertos de la democracia del 78, pero se han cometido bastantes excesos en su nombre y es hora de ponerlos a remojo. El bipartidismo es también un acierto, pero habría que evitar que continuase deslizándose hacia su caricatura. La agenda política está muy abierta para quienes quieran emplear la imaginación dispuesta a sugerir a los españoles que no deben conformarse, porque se puede mejorar.

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