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El ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, reconoció este miércoles que la regulación penal del aborto en España es "susceptible de muchas mejoras", que, no obstante, subrayó, sólo se harán con el consenso de todos los grupos del Congreso. En respuesta a una interpelación de la diputada de IU-ICV Carme García, Bermejo dijo que no puede estar "más de acuerdo" en que es necesario modificar la ley que regula el aborto y reflexionar sobre la situación actual en el área penal.

Reconoció que, en los años en que el PSOE ha estado en la oposición, el grupo socialista ha presentado diversas iniciativas para despenalizarlo en determinados supuestos "porque compartimos muchas de las cosas que usted dice, y por eso, desde la oposición, el PSOE lo ha intentado muchas veces". Sin embargo, recordó, los grupos del Congreso nunca han llegado a un consenso sobre este tema porque "es complejo y realmente difícil" y, aunque "la norma que tenemos es susceptible de muchas mejoras, debemos estar todos muy de acuerdo en cuáles son las cosas que hay que arreglar", insistió.

Bermejo reconoció que hay "mucha hipocresía" en torno al aborto y que, además de estudiar una posible reforma penal, hay que hacer un "enorme esfuerzo de información" dirigido sobre todo a los jóvenes e inmigrantes -los colectivos que menos usan métodos anticonceptivos y que más abortan-, y poner en marcha fórmulas alternativas de salud. En su turno de intervención, Carme García defendió la proposición de ley de su grupo que propone que las mujeres puedan abortar en las primeras catorce semanas de gestación siempre que lo soliciten voluntariamente y por escrito.

Además, frente a la legislación vigente, la iniciativa de IU-ICV plantea que el aborto pueda realizarse en las primeras veintidós semanas de gestación si el feto presenta malformaciones, y que sea legal en todo el embarazo si dos médicos certifican que pone en grave peligro la vida o la salud física o psíquica de la embarazada.

Seis comunidades sin centros

La diputada de IU-ICV lamentó que la situación legal actual y la falta de cobertura sanitaria del aborto supone "un grave atentado contra los derechos de las mujeres", que se ven obligadas a "mendigar un informe psiquiátrico que diga que no están capacitadas" para llevar a cabo su embarazo. Además, las mujeres que quieren interrumpir su embarazo, denunció, deben acudir a las clínicas acreditadas para ello (las ACAI) porque son las únicas "que han asumido un papel que el Estado no ha tenido el valor de asumir".

De hecho, puntualizó, seis comunidades autónomas ni siquiera tienen centros que practiquen abortos (Navarra, Extremadura, Murcia, Castilla y León, Castilla-La Mancha y Andalucía). "Pero eso no es todo -agregó- porque mientras que el coste de esta intervención ronda los 300 euros, en el mercado privado, donde se realizan el 87,1 por ciento de los abortos, cuesta más de 3.000 euros", lo que convierte el aborto en un "tremendo negocio". Por ello, lamentó, pese a esta situación, si la reforma de la ley tiene que hacerse con consenso y no por acuerdo, "nunca veremos ampliados los derechos de las mujeres".

Actualmente, el Código Penal vigente (1995) admite el aborto en tres supuestos: si hay riesgo para la salud de la mujer, si hay presunción de malformaciones físicas o psíquicas del feto, o si el embarazo es consecuencia de un delito de violación. Fuera de esos supuestos, castiga con penas de prisión e inhabilitación a los médicos que practiquen abortos y a las mujeres que se sometan a este tipo de intervenciones.

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