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¿Hay miembros de la policía implicados en la mayor trama de corrupción de funcionarios destapada en la capital de España? ¿Participaron algunos agentes en la red de extorsión a empresarios de bares y locales de ocio? Rosa Pinilla y Dragojlo Jankovic, dueños de los bares 'Interrogación' y 'Echegarito' en el madrileño barrio de Huertas, lo tienen claro. Desde el año 2000 denuncian sufrir un calvario de denuncias, registros y amenazas en el que incluyen a: dos funcionarios municipales; al Jefe de la Unidad de Inspección del Distrito Centro, Lorenzo Antolínez Remesal (Policía Municipal nº 0052.8); y a otro agente del cuerpo con número de identificación 7676.4.

Su caso ha sido admitido a trámite en el juzgado de instrucción número 50 de Madrid en donde han presentado tres querellas. Y su abogado, Fernando Pamos de la Hoz, ha confirmado a El Confidencial que en los próximos días presentará también una denuncia ante el juez que instruye la Operación Guateque, José Santiago Torres, dadas las similitudes que existen entre la trama de corrupción funcionarial conocida hace un mes y lo que ellos vienen denunciando desde hace años.

El día en que Rosa Pinilla y su marido, Dragojlo Jankovic, de origen yugoslavo, decidieron abrir el bar de rock 'Interrogación', en la calle Echegaray, 10, no podían imaginar la tortura en la que se iban a embarcar para conseguir una licencia. Y mucho menos, las amenazas y agresiones que iban a tener que soportar por no querer plegarse a los deseos de lo que su abogado denomina en la querella “una banda organizada al más puro estilo mafioso” que exigía “cantidades de dinero y otras prebendas para no cerrar los locales u otorgarles licencias, falsificando documentos públicos oficiales y materializando el ilícito del delito de prevaricación administrativa”.

Ambos empresarios han sido testigos de los tejemanejes de varios funcionarios municipales para lucrarse ilegalmente a través de comisiones ilegales. Pero ante su negativa a aceptar la “mordida”, denuncian formar parte de una “lista negra” por la que sufren reiteradas coacciones y amenazas por parte de algunos miembros de la Policía Municipal dirigidos por el propio responsable de la Unidad de Centro, Lorenzo Antolínez Remesal. En la querella presentada contra él, Rosa y su marido le denuncian por reclamar presuntamente a los dueños de locales de copas situados en los aledaños de la plaza de Santa Ana impuestos inexistentes y le acusan de haber levantado actas y acuerdos que ordenaban la clausura de sus locales a sabiendas de ser falsas.

“Tú vas a pagar como sea”

Según el auto al que ha tenido acceso este diario, miembros de la Policía Municipal dirigidos por el propio Antolínez llevaron a cabo en dos años unas 400 “supuestas” inspecciones en los dos locales, que siempre se realizaban en horas punta, durante los fines de semana. Unos registros que solían durar unos 45 minutos y de las que solo cuatro fueron motivo de expediente sancionador, pero ninguno de ellos llegó a prosperar finalmente. “Todo lo anterior”, prosigue la querella, “sin que hayan existido multas o denuncias de terceros por motivo alguno derivado del exceso de ruido, por irregularidades en el aforo, horario, venta de estupefacientes, peleas, riñas u otras circunstancias”.

Según Rosa Pinilla, Lorenzo Antolínez llegó a repetir “hasta la nausea” amenazas como “tú vas a pagar como sea”, “ya te he cerrado uno y ahora te voy a cerrar el otro (bar) si no pagas 60.000 euros”. El responsable de la Policía Municipal en Centro, que continúa en su cargo, ha declinado hacer cualquier declaración al respecto al ser preguntado por El Confidencial.

Según la querella, la presunta forma de extorsionar del oficial para que los empresarios aceptasen el pago de la mordida era “falsificando actas de inspección, informes policiales, quejas de vecinos”, incluso “acosándoles, amenazándoles, vejándoles y agrediéndoles”. Por ejemplo, el propietario del establecimiento contiguo, El Hotel Inglés, le comentó a Rosa y su marido que “el día que estaba previsto el precinto de Interrogación, acudieron unos policías municipales instándole para que firmara una denuncia contra ellos”, señala el auto.

Ordenaba a sus agentes falsear las actas

El nombre de Lorenzo Antolínez Remesal ya saltó a los medios de comunicación hace un año, cuando la Cadena SER difundió una grabación en la que el responsable de la Unidad de Policía Municipal en Centro ordenaba a sus agentes que aumentasen el número de personas que había en un local de copas cuando hiciesen una inspección. Su objetivo era agilizar así la clausura de los establecimientos más conflictivos. Por ello, ordenaba también a sus subordinados que no perdieran el tiempo en incautación de pequeñas cantidades de droga porque, con ello, las actas para cerrar los locales podrían demorarse hasta ocho meses.

La grabación, difundida el 2 de noviembre de 2006 por la SER, fue realizada por un subordinado durante un pase de revista, el acto previo a que los agentes comiencen a patrullar. “No sé cuántos estamos aquí”, decía Antolínez. “He contado nueve, pero estamos 38. Según lo cabreado que esté el dueño del local, a lo mejor pongo 70. ¿De acuerdo? Si estáis muy cabreados, me refiero, no porque tengáis animadversión personal, sino porque este tipo sea un pieza de cuidado, os digo. ¿Es posible que ponga 70? Pues a lo mejor pongo 70 porque es un cabrito redomado”.

“Casi prefiero no meternos en cuestiones de drogas, salvo que sea absolutamente claro. Sabemos que cuando hacemos un tema de drogas, esa acta que se hace con todos sus detalles queda ahí guardada hasta que lleguen los resultados de la analítica. Y están tardando siete u ocho meses fácilmente. Con lo cual, en el tema de drogas habrá que esperar siete u ocho meses”, concluía el oficial.

Antolínez reconoció entonces ser el autor de esas declaraciones de las que dijo lamentarse “absolutamente” y que las había hecho en un contexto, un pase de revista, en el que pensaba que estaba hablando con compañeros. Tras ese capítulo, el abogado Fernando Pamos de la Hoz, decidió ampliar su querella contra el oficial al imputarle un delito de “omisión del deber de perseguir delitos”.

Las amenazas continúan

Rosa y Dragojlo creen que tras tantos años peleando contra una injusticia les está costando “enfermedad, dinero y vida” toda esta situación. Pese a que el caso está en los juzgados, las amenazas siguen siendo el pan de cada día de esta pareja. La última, dicen, se produjo el pasado 9 de noviembre cuando el propio Antolínez fue a Interrogación y, según Rosa, “detuvo ilegalmente a mi marido”, sin que le permitiesen solicitar el “habeas corpus” o la asistencia de un letrado. Dragojlo estuvo 18 horas retenido en comisaría. Un capítulo más de las coacciones de este agente de la ley que en los próximos días será denunciado ante el juez instructor de la Operación Guateque. Será él, entonces, quien dictamine si su actuación está relacionada o no con la trama de corrupción de funcionarios del Ayuntamiento de Madrid.

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