La Audiencia Nacional ordena la detención de 46 personas del entorno de ETA
Efe. Madrid.-30/11/2007

La sala de lo penal de la Audiencia Nacional ha ordenado la detención de un total de 46 procesados en el sumario 18/98 seguido contra el aparato político de ETA, Ekin, y otras organizaciones del entorno de ETA, han informado fuentes jurídicas. Las órdenes han sido cursadas ante el "elevado riesgo de fuga" y la "inminencia" de la notificación de la sentencia, que podría hacerse pública el próximo 10 de diciembre.
Las fuentes consultadas han añadido que en cada orden de detención figura la pena individualizada impuesta a los procesados.
Las personas cuyo arresto no ha sido solicitado son las siguientes: Teresa Mendiburu, Oiaku Azpiri Robles, Marta Pérez Etxeandia, David Soto Aldaz, Jaime Iribarren y José Ramón Antxia.
Esto no significa, según las mismas fuentes, que estos seis vayan a ser absueltos, sino que podrían ser condenados a penas menores o que ya han cumplido parte de las mismas en prisión preventiva.
Las órdenes de la Audiencia Nacional se han traducido en una amplia operación en la que participan varios Cuerpos policiales y que se está desarrollando desde este mediodía.
EB considera injustificadas las detenciones
Por su parte, Ezker Batua (EB) ha criticado las detenciones ordenadas por la Audiencia Nacional porque, a su juicio, buscan generar más crispación y "ponen en riesgo el carácter imparcial" de la Justicia. Su portavoz parlamentario, Oskar Matute, ha dicho, en los pasillos de la Cámara vasca, que estas detenciones "no hacen más que poner un colofón a un circo mediático y político como al que se ha visto sometido" el proceso denominado 18/98.
En su opinión, las detenciones "no se justifican" porque "ninguno" de los procesados en el sumario ha mostrado evidencia alguna "que ponga en tela de juicio su voluntad para acudir a la lectura de la sentencia". Ha añadido que el riesgo de fuga, motivo por el que se ha ordenado sus detenciones, "no se justifica, no existe".
Ezker Batua ha pedido a la Audiencia Nacional que haga pública la sentencia "cuanto antes" y que "se respeten los derechos políticos y civiles de todos los imputados".
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