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Los expertos han echado cuentas. Las cinco décimas de aumento en la inflación de noviembre, según las cifras provisionales facilitadas ayer -el dato definitivo se confirmará oficialmente el 14 de diciembre-, deja la tasa interanual en el 4,1 % y anticipa un desembolso público superior a los 3.000 millones de euros, por ley, en materia de pensiones.

Es una de las tres derivadas indeseables del fenómeno inflacionista. Y no la más importante en una situación de superávit en las cuentas públicas. Otra es la pérdida de competitividad de la economía española. Hay una tercera, de mayor impacto político, especialmente relevante en vísperas de unas elecciones generales. Me refiero a la pérdida de poder adquisitivo de las familias, que se refleja en sus problemas para atender el pago de la hipoteca y llegar a fin de mes.

Mariano Rajoy ha puesto la cesta de la compra por encima de las manifestaciones de Alcaraz, la moviola de la guerra civil y las mochilas itinerantes, en sus planes de acoso político y electoral al Gobierno. Sabe que en este asunto de las economías familiares el calendario juega en contra de su adversario. Se refleja en los índices de confianza elaborados por el I.C.O y la negativa percepción de los consumidores sobre el tiempo que viene.

Otra cosa es que los estrategas del PP y los equipos que trabajan en la parte económica del programa electoral consigan inocular en la opinión pública la desafección al Gobierno. O, mejor dicho, la confianza en que el PP puede arreglarlo. Por eso, no se trataría tanto de pregonar una y otra vez que la cesta de la compra va mal y tiende a ir a peor, pues los datos ya están haciendo ese trabajo, sino de convencer a los votantes de que el PP es capaz de poner remedio a la situación.

Ese es el reto de Rajoy para los tres meses que se avecinan. El del Gobierno consiste en ganarle el pulso al calendario y llegar a las urnas antes de que cunda el malestar de las familias. El dato provisional sobre la inflación de noviembre, como el de octubre, vuelve a ser malo. Y el de los próximos meses también serán malos, como ayer reconocía el vicepresidente del Gobierno y ministro de Economía, Pedro Solbes, recién recuperado por Zapatero para la causa electoral del PSOE.

Aunque el paro ha vuelto a superar el umbral de los dos millones y se ha producido una leve reducción en las expectativas de crecimiento, los datos macroeconómicos de la Legislatura que está a punto de fenecer siguen presentado un balance envidiable. Pero eso no consuela el bolsillo de los españoles, expuesto a los zarpazos del IPC. Lo de Estado rico con familias pobres es una contradicción técnica que los socialistas podrían pagar en las urnas.

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