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Conocido en Murcia como “el despacho de los líos”, Cegarra Abogados es una firma especializada en el asesoramiento de Ayuntamientos de la Comunidad Autónoma de Murcia en el momento de la elaboración de sus planes urbanísticos. Javier Cegarra, imputado en el caso Tótem, asesoró al ex alcalde de Totana hasta que estalló la operación y al propio Ayuntamiento, hasta este mismo año. Y a un puñado de corporaciones más, entre las que destaca Abanilla, cuyo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) está denunciado ante la Fiscalía Anticorrupción. Por el servicio de Abanill, Cegarra cobra 42.000 euros al año.

La localidad murciana de Abanilla aprobó su PGOU en julio de 2004. Su redacción recayó sobre el ingeniero José Enrique Pérez González, denunciado por incompatibilidad al ostentar el cargo de funcionario del Ayuntamiento de Murcia. Pero eso no es todo. Sucede que el ingeniero Pérez y un socio suyo, José Manuel Somalo, compraron 380.000 metros cuadrados de terreno rústico en la localidad antes de la aprobación del Plan. Finalmente, el PGOU se aprobó en julio de 2004 y ese terreno pasó a ser urbanizable. Un año más tarde, en junio de 2005, el propio Somalo se presentó en el Ayuntamiento con la propuesta de un convenio sobre esos terrenos. Sobre la gestión del Plan pesa además una denuncia por falsificación documental.

“Cegarra Abogados nació en 1963 de la mano de D. Andrés Cegarra Páez, conocido jurista integrado en la Administración Local desde el principio de su actividad profesional, primero como Técnico de Administración General por oposición del Ayuntamiento de Cartagena y posteriormente y por oposición como Funcionario de Carrera de la Excma. Diputación Provincial de Murcia hasta su extinción en el año en que pasa a desempeñar la función de jefe de personal del ente preautonómico de la Región de Murcia hasta el año 1986 en que mediante concurso público pasó a desempeñar el cargo de letrado consistorial jefe de los servicios jurídicos del Ayuntamiento de Cartagena durante 15 años”, explica la página web de la firma.

Javier Cegarra es socio fundador y abogado urbanista. Su nombre salta a la opinión pública en el momento en el que los agentes de la Operación Tótem interceptan un maletín en su poder que el abogado primero se atribuyó a sí mismo para reconocer después que correspondía a su cliente, el ex alcalde de Totana y principal sospechoso del caso, Juan Morales. En el maletín apareció documentación importante para la investigación. El letrado colaboró, a través de su empresa, en la elaboración del Plan General Municipal de Ordenación (PGMO) de Totana, en los años en los que Morales estuvo al frente del Ayuntamiento (2003-2007). Abogados Cegarra también ha asesorado al Ayuntamiento de Fortuna en la elaboración de su PGOU. Fuentes de la investigación no descartan próximas detenciones en otros municipios murcianos.

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