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Los datos de las encuestas tanto públicas como privadas y, lo que es más importante, los resultados de las consultas electorales realizadas durante la legislatura – elecciones europeas, referéndums autonómicos y elecciones regionales y locales – ponen de manifiesto una gran insatisfacción de los españoles con sus dirigentes públicos: la abstención crece y los partidos, casi sin excepción, retroceden en apoyo popular. Aproximadamente la mitad del electorado se abstiene, quedando la otra mitad repartida entre los diferentes partidos, sin que ninguno de ellos obtenga un apoyo superior a la tercera parte del censo electoral. La falta de consenso social y político que todo ello evidencia, es una enfermedad que afecta al funcionamiento del régimen de la transición y que tiene visos de prolongarse hasta convertirse en terminal, si no se adoptan iniciativas constituyentes para superarla.

Desde que se aprobó la Constitución de 1978, piedra miliar de la Transición, se ha ido incubando en España una crisis política y constitucional que ya se ha manifestado y que obliga a los protagonistas del régimen no sólo a reconocerla sino a plantear reformas para encararla. De hecho, el gobierno de Rodríguez Zapatero enunció determinadas reformas, aunque ninguna de ellas afectaba a las causas de la crisis constitucional. Aun así, no ha podido llevarlas a cabo, optando por una vía singular, las reformas autonómicas, que han creado grandes expectativas de poder para los políticos regionales, sin ningún interés para los ciudadanos. Estas actuaciones, en las que el gobierno se ha visto acompañado por el principal partido de la oposición, han acentuado los problemas constitucionales, confirmando el dicho de que “todo lo que es susceptible de empeorar, empeora”.

Ya he escrito en otras ocasiones que la situación de degradación de la política española, que afecta de lleno al crédito del poder público y a la permanencia y dignidad del Estado, requiere desembarazarse de tabúes y de limitaciones para presentar propuestas constituyentes que aspiren a recuperar para España y los españoles los equilibrios indispensables para desarrollar sus capacidades en libertad. En mi opinión, es estéril, y también desmoralizador, seguir revolcados en la ciénaga de las viejas querellas, adobadas con los mensajes arcaicos de algunos nacionalismos periféricos. Se impone cerrar el ciclo de confusión abierto por la Transición para debatir acerca de su superación, dando contenidos nuevos a los proyectos de revisión constitucional que circulan por la política española.

En mi opinión, la revisión constitucional no puede convertirse en una mera operación de calafateado de las vías de agua del maltrecho navío en que viaja la Constitución de 1978, sino que debería servir para dotarnos de una estructura constitucional sencilla y eficaz con la que, aprendiendo de las experiencias y errores del pasado, evitemos el desgarramiento de la nación, restaurando un proyecto nacional para hacer de España en lo político lo que ya es en lo económico y social: un país relevante de la Unión Europea y una potencia media en el orden internacional. Se trataría de culminar el trabajo de varias generaciones que, después de los estragos de la guerra, han situado al país en las zonas de la templanza y el bienestar, que resultan indispensables para disfrutar de los beneficios de la democracia. Para esa tarea sobran los viejos clichés y el recuerdo reiterado de los fracasos colectivos que a nada conduce.

Pero la precampaña electoral se ha iniciado con el discurso cansino y desacreditado de la mayoría de los partidos y, salvo algunas propuestas concretas en materia de fiscalidad, nadie plantea cambios sustanciales para que los españoles recuperen el aprecio por sus representantes y por el ejercicio de la democracia. Los partidos nacionales eluden cualquier propuesta que pueda molestar o inquietar a las minorías nacionalistas, y éstas, por su parte, se crecen en la tarea de continuar deshilachando al poder central.

El partido gobernante, que ha sufrido en el ejercicio del gobierno su excesiva dependencia de minorías poco solidarias, no sólo no rectifica, sino que se lanza a una campaña publicitaria que prescinde de la imagen y trayectoria del propio partido, sacrificadas ambas en el altar del culto a la personalidad de su secretario general, al que se presenta como único activo de su opción de gobierno. Pobre propuesta para un partido centenario que tiene, además, que vencer el declive ideológico y electoral que afecta a todos los partidos socialistas de la Unión Europea.

El principal partido de la oposición sí parece ocuparse de transmitir la imagen de organización importante y presente en todo el país, sin menoscabo de su liderazgo, con la añadidura de contar a su favor con las corrientes políticas dominantes, de carácter liberal conservador, en el contexto europeo. Pero no parece decidido a romper amarras con el statu quo electoral de la transición, que dificultará su ejercicio del gobierno o incluso lo imposibilitará.

Es previsible que, salvo imponderables como ocurrió en 2004, el resultado electoral arroje un encefalograma bastante plano: poca o ninguna diferencia entre los dos partidos nacionales, elevada abstención y retroceso de las minorías nacionalistas que, no obstante, se aprestarán a vender caros sus apoyos. Todo apuntaría a un intento de reeditar el proyecto de la presente legislatura con el PSOE o con el PP. Mantener el enfermo un poco más, mientras el crecimiento económico del país lo permita.

Pero cabría la posibilidad de que los dos partidos nacionales, ante una situación tan desalentadora para su propia supervivencia, optasen por un acuerdo conjunto de gobierno para afrontar la revisión constitucional y la reforma de la ley electoral, con el fin de ir a nuevas elecciones en un plazo máximo de dos años. Sería una salida plausible para intentar la regeneración democrática y sanear la vida pública. Expresado hoy, puede parecer política ficción, pero quizás en marzo de 2008 no lo sea tanto. Porque, si los protagonistas no toman la iniciativa, puede que el jefe del estado, cuya presencia pública se hace notar últimamente, proponga, en uso de sus facultades constitucionales, un candidato a la jefatura del gobierno que recabe el apoyo de los dos partidos nacionales para desarrollar un programa de “consolidación constitucional”, garantizado por la Monarquía. Sólo basta esperar.

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