La primera gran causa de corrupción urbanística en Mallorca cumple un año
Efe. Palma.-26/11/2007
El 'caso Andratx', la primera gran causa de corrupción urbanística en Mallorca, cumplirá el 27 de noviembre un año de instrucción en el Juzgado número 12 de Palma dividido en 64 piezas, la apertura de dos juicios orales y con la libertad bajo fianza de dos de los principales imputados, el ex alcalde de esa localidad Eugenio Hidalgo y el ex celador municipal Jaume Gibert.
Desde que se puso en marcha la denominada 'operación Voramar', en la que intervinieron la Guardia Civil, inspectores de Hacienda, Policía Nacional y la Fiscalía Anticorrupción, la instrucción se ha centrado en la investigación de diversos delitos contra la ordenación del territorio, aunque permanecen bajo secreto dos piezas separadas del sumario.
Hasta ahora, han prestado declaración en calidad de imputados y testigos más de 250 personas, a la espera de que la Audiencia de Palma se pronuncie sobre si el 'caso Andratx' debe agruparse en un sólo gran juicio, como piden las defensas, o continuar su desarrollo en piezas separadas, tal y como ha solicitado la fiscalía anticorrupción.
En principio, Hidalgo, Gibert, y también el ex director general de Ordenación del Territorio del Govern Jaume Massot, fueron acusados de los siguientes supuestos delitos: negociaciones prohibidas a funcionarios, cohecho, falsedades documentales, contra la ordenación del territorio, tráfico de influencias, blanqueo de capitales y asociación ilícita.
Hidalgo y Gibert han ingresado en dos ocasiones en la cárcel de Palma, en la que permanecieron más de 40 días, mientras que Massot fue puesto en libertad después de declarar ante el juez tras permanecer detenido un fin de semana en el cuartel de la Guardia Civil.
El gobierno balear se vio salpicado
El 'caso Andratx' también repercutió de lleno en la vida política de Balears, ya que la Guardia Civil grabó las conversaciones telefónicas del ex conseller de Interior José María Rodríguez, y en especial, una conversación que mantuvo con Hidalgo pocas horas del desarrollo de la 'operación Voramar' y posterior registro del Ayuntamiento de Andratx.
Además, también estuvo imputado el presidente del Consell Consultiu, órgano que asesora al Ejecutivo en cuestiones legales, Miguel Coll Carreras, por asesorar a una urbanizadora, Almudaina Dos, que mantiene un litigio con el Govern por la desclasificación de unos terrenos en el Port de Andratx.
El juez Álvaro Latorre archivó la causa relativa a Coll Carreras tras tomarle declaración en unos momentos en que toda la oposición exigía la dimisión del presidente del Consell Consultiu.
Tras casi un año de instrucción, el juez sólo ha decretado la apertura de dos juicios orales, uno sobre la edificación de un chalet en una caseta de aperos de Hidalgo, y otro por un restaurante que el hermano de Hidalgo, Carlos, construyó en zona protegida.
En ambos casos, la fiscalía anticorrupción solicita penas que oscilan entre los dos y nueve años de cárcel y elevadas fianzas para asegurar el derribo de las dos supuestas construcciones ilegales.
Los investigadores también han rastreado diversas cuentas bancarias abiertas en paraísos fiscales vinculadas, al parecer, con alguno de los principales imputados.
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