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'EL CAFÉ'

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La Unión de Consumidores de España ha reclamado la urgente tipificación del contrato de compra-venta de viviendas entre particulares, en el que se regulen los honorarios de las agencias y de los intermediarios, sector en el que se detectan cláusulas abusivas, según un informe que ha presentado este jueves.

El vicepresidente de UCE, Juan Moreno, ha dicho en la presentación del Estudio Jurídico sobre la Intermediación Inmobiliaria, que este es un sector liberalizado que no debe generar fraude e incomprensión en el consumidor, que plantea muchas quejas y consultas en las organizaciones de consumidores. En la década del boom inmobiliario 1996-2006 han presentado 1.110.867 causas en materia de compra venta.

María Martínez, profesora de Derecho de la Universidad de Zaragoza, autora del Estudio y del Análisis de Contratos de Mediación Inmobiliaria, destacó la falta de concreción y claridad de los contenidos de los contratos analizados, que pone en evidencia una "indefensión" de los consumidores cuando suscriben un contrato con las agencias inmobiliarias.

El consumidor desconoce desde la fijación de los honorarios, no sabe qué es lo que está pagando a la agencia, ni a qué le comprometen algunas cláusulas, ni los mecanismos de arbitraje o los pactos sobre arras, entre otros, términos muy jurídicos, que al no estar especificados resulta en algunos casos complicado incluso para un experto, comentó María Martínez. "La falta de claridad en las obligaciones de la mediadora en el contrato hace imposible saber si hay cumplimiento, añadió la autora del estudio.

Algunas de las cláusulas abusivas que se pueden encontrar en estos contratos son la renuncia del comprador al derecho a elegir notario, el cobro de gastos bancarios no generados por el comprador o la conformidad del comprador respecto a aspectos que no conoce y los pactos en exclusiva. Para María Martínez la falta de regulación hace también que el promotor no sepa a veces cómo redactar el contrato y se mezclan conceptos, e insistió en la necesidad de un contrato tipo para solucionar estos problemas que crean inseguridad jurídica.

Según el estudio jurídico, las intermediadoras, las agencias inmobiliarias de compra-venta, son las que presentan el 90 por ciento de las causas en los juzgados contra el consumidor, que no entiende qué se le reclama, por firmar unos contratos en los que en muchas ocasiones no se especifica nada, ni derechos ni deberes, ni honorarios, explicó Juan Moreno.

La casi ausencia de litigios por parte de los consumidores no se debe interpretar como que estén satisfechos; la realidad es que se trata de procesos civiles costosos y lentos y puede terminar con el pago de las costas, y aunque se abstiene de utilizar esta vía reclama en las organizaciones de consumidores como la UCE que en 2005 registró 153.000 casos frente a 38.942 diez años antes, añadió.

El vicepresidente de la UCE recomendó el asesoramiento previo a la adquisición de una vivienda e hizo un llamamiento al legislador para que aborde la tipificación de este contrato.

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