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'EL CAFÉ'

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Colombia fijó el lunes un límite, hasta diciembre, a la mediación del presidente venezolano, Hugo Chávez, con la mayor guerrilla izquierdista del país para lograr la liberación de un grupo de 49 rehenes, incluida la ex candidata presidencial Ingrid Betancourt.

La decisión del Gobierno del presidente de Colombia, Álvaro Uribe, se conoce en un momento en el que Chávez se encuentra en París para reunirse con su homólogo de Francia, Nicolas Sarkozy, y abordar el tema de Betancourt y los demás rehenes secuestrados por la guerrilla.

"El presidente Uribe le dijo al presidente Chávez que este proceso de mediación debía tener un límite en el tiempo, con lo cual estuvo de acuerdo el presidente Chávez. Hoy piensa el Gobierno que el límite debe ser el mes de diciembre", dijo un comunicado del Gobierno que leyó el alto comisionado para la paz, Luis Carlos Restrepo. No se conoció ninguna reacción inmediata de Chávez al anuncio de Colombia, que según analistas, podría ser un mecanismo de presión para agilizar un acuerdo que ponga fin al drama de los rehenes.

Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) mantienen secuestrados a 49 rehenes, entre quienes también se encuentran tres estadounidenses, un ex gobernador, cinco ex congresistas y varios efectivos de las Fuerzas Armadas.

El grupo rebelde, formado por unos 17.000 combatientes y considerado como una organización terrorista por Estados Unidos y la Unión Europea, había anunciando el envío de pruebas de vida de Betancourt y otros rehenes a Chávez, quien planeaba difundirlas el martes durante su encuentro con Sarkozy.

Pero a su llegada a París, el presidente venezolano reconoció que no llevaba las pruebas de vida de la política franco-colombiana, aunque el máximo líder de las FARC, Manuel Marulanda, le aseguró que está viva. Las posiciones inflexibles del Gobierno y la guerrilla han impedido llegar a un acuerdo que ponga fin al drama de los rehenes, algunos próximos a cumplir 10 años en cautiverio en medio de la selva.

Las FARC exigen que Uribe retire el Ejército y la policía de una zona montañosa de 780 kilómetros cuadrados, para que los delegados de las partes se reúnan a negociar el acuerdo.

Pero Uribe, quien con el apoyo de Estados Unidos impulsa una agresiva estrategia militar contra la guerrilla, se niega a hacerlo con el argumento de que el grupo pretende aprovechar una zona estratégica para el tráfico de drogas y de armas.*.

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