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'EL CAFÉ'

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Las adopciones internacionales de niños guatemaltecos, que cada año dejan millones de dólares en ganancias a las redes dedicadas a este "negocio", generan una "economía del delito" en este país, revela un informe presentado este martes. El estudio Adopciones en Guatemala: ¿protección o mercado?, describe la forma en que actúan las redes dedicadas a tramitar la adopción de niños guatemaltecos, cuyas prácticas pasan por delitos que van desde la falsificación de documentos y corrupción de funcionarios públicos, hasta robo y compra-venta de bebés.

El informe fue elaborado por técnicos especializados de la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia, la Fundación Myrna Mack, la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado y la Fundación Sobrevivientes. También participaron la organización no gubernamental Casa Alianza, la Comisión Presidencial de Derechos Humanos, y el Movimiento Social por los Derechos de la Niñez, Adolescencia y Juventud de Guatemala.

El informe denuncia la existencia de "una economía del delito relacionado directamente con las adopciones, que involucra a un sin fin de personas y negocios, sin que las instituciones del Estado competentes accionen contra éstas". Esa situación, agrega, "hace suponer que operadores de justicia están involucrados en las redes de adopciones", para facilitar los procedimientos ilegales.

"Los líderes de la economía del delito han creado mecanismos para asegurar la captación de bebés para luego coordinar su trámite de adopción ante la PGN (Procuraduría General de la Nación) y garantizar beneficios económicos para todos los integrantes de la red de adopciones", precisa el informe. El estudio identificó a decenas de abogados, médicos, comadronas, enfermeras, trabajadoras sociales, propietarios de hoteles, traductores, registradores civiles y otros funcionarios públicos como integrantes de esas redes.

Según cifras oficiales, entre 2004 y 2007, la PGN ha autorizado 18.376 adopciones, a razón, en promedio, de 4.594 adopciones anuales, 383 mensuales y 13 diarias. En la actualidad, la PGN es la institución del Estado encargada de aprobar las adopciones. El 94 por ciento de los niños guatemaltecos que son dados en adopción a extranjeros, tienen como destino Estados Unidos, y sólo el 0,5 por ciento son adoptados por familias guatemaltecas.

Para satisfacer la demanda de niños para la adopción, las redes dedicadas a este negocio, según el informe, han caído en el robo de bebés que les son arrebatados de los brazos de sus madres, en su mayoría, mujeres jóvenes, pobres y desprotegidas. "Cada adopción estaría oscilando entre los 13.000 y 40.000 dólares (8.783 y 27.027 euros", los cuales son repartidos entre los abogados que las tramitan, los médicos que atienen los partos y a los recién nacidos, así como el resto de personas que cumplen diversas funciones dentro de estas redes.

Más allá de "facilitar" los procesos de adopción, las redes dedicadas al negocio son señaladas en el estudio de "venta y trata de niños". El desinterés del Ministerio Público y del Organismo Judicial para buscar medidas legales y lograr una persecución y sanción penal permite la proliferación de esas prácticas, concluye el informe.

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