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Cada 20-N, aniversario de la muerte de Francisco Franco y José Antonio Primo de Rivera, España se pregunta por la pervivencia de la extrema derecha en su sociedad. Pero este año, los actos no se limitan a minoritarios homenajes nostálgicos en el Valle de los Caídos o la plaza de Oriente de Madrid. El asesinato de un joven de 16 años, cuando el pasado domingo se dirigía a bloquear una manifestación del partido ultraderechista Democracia Nacional, ha desatado la preocupación por el peso que los grupos radicales pueden llegar a tener en la sociedad.

Formaciones como la Falange, Confederación Nacional de Combatientes de España, el Frente Nacional o Alianza Nacional han querido protagonizar el fin de semana con respectivas concentraciones y han puesto en alerta a las fuerzas de seguridad. El mosaico de partidos legales de extrema derecha se completa con nombres como España 2000 o Alternativa Española, pero las relaciones entre estos grupos suelen ser conflictivas. Se trata, por tanto, de un sector ideológico dividido y, hasta ahora, irrelevante en las urnas. Los grupos de estética skinhead y corte violento acaparan la atención, desacreditando a los líderes que tratan de construir un discurso político digerible por un número significativo de votantes.

En España existen hoy dos modelos de partidos asimilables a la ultraderecha. Por un lado, los nostálgicos del nacional catolicismo de la dictadura franquista, encarnados en formaciones como la Falange. Por otro, los nuevos grupos nacionalistas y con tintes xenófobos que prefieren a figuras como Jean Marie Le Pen o Cristoph Blocher, ganador de las elecciones federales suizas, como iconos ideológicos, antes que a José Antonio Primo de Rivera o Franco.

El rechazo de la inmigración es precisamente la principal baza electoral que juegan estos nuevos partidos. Su objetivo es seguir la estela de las formaciones populistas europeas, que fomentando el miedo a los extranjeros han logrado excelentes resultados electorales en países como Bélgica, Austria, Suiza o Francia. Así, Democracia Nacional se ha integrado en la plataforma europea Euronat, a la que pertenecen el Frente Nacional de Le Pen, y partidos nacionalistas y populistas de Italia, Suecia, Reino Unido y Países Bajos.

Manuel Canduela, presidente de Democracia Nacional, aseguró que la base de su mensaje es el rechazo a la inmigración, que califican de “ilegal y masiva”, y la “defensa de la unidad nacional”. Para las próximas elecciones generales esperan superar su techo electoral, que ronda los 15.000 votos. Dentro del partido confían en incrementar sus fieles conforme crezca lo que denominan “el problema de la inmigración”. A favor de esta tesis exhiben los datos del barómetro del CIS de finales de 2006, que mostraban que el 59,2% de la población señaló a la inmigración como el principal problema del Estado.

Con respecto al asesinato de Carlos Javier Palomino, Canduela rechaza cualquier responsabilidad de su partido, y culpó al Gobierno y a la policía de no haber garantizado el orden en la concentración. “Estaban esperando que hubiera una matanza”, afirmó. Ante el hecho de que skinheads participen en sus marchas, respondió que no pueden negarle a nadie que acuda a sus encuentros por llevar el pelo corto o botas militares.

La Falange, por su parte, trata de desvincularse de partidos como Democracia Nacional, y mantiene su devoción por José Antonio Primo de Rivera, la espiritualidad y la lucha contra el neoliberalismo. Norberto Pico, secretario general de la Falange, explicó que buscan apoyo en la clase popular y trabajadora, pero que el rechazo a la inmigración no será la base de su discurso. “Los nuevos partidos acusan a los inmigrantes de la pérdida de empleo o de derechos sociales de los españoles, pero se equivocan, son las empresas y el Gobierno los responsables”, aseguró Pico.

Marginales pero ruidosos

Jorge Verstrynge, politólogo y ex secretario general de Alianza Popular, indicó que “la ultraderecha antisistema en España está encerrada en una caja de Pandora y Ángel Acebes está sentado sobre ella”. En este sentido, Verstrynge señaló que el Partido Popular ha ayudado a cerrar el paso a este tipo de movimientos, y recordó que una buena parte de la derecha española de carácter nacional católico se integró en el PP. Por ello, la inmigración también es para Verstrynge el factor clave que podría impulsar a la extrema derecha, así como llevar al PP a una radicalización en sus tesis migratorias.

El politólogo advierte, en su Informe sobre la Inmigración, que “el exceso de inmigración puede generar en un tsunami etno-populista que implique sociedades duales, con ciudadanos blancos protegidos por una parte, y otras poblaciones incitadas de una forma u otra a retornar a sus países de origen”. “El racismo parece la única herencia del nazismo destinada a sobrevivir, y a expandirse si no se controla, y a hacer inútiles los esfuerzos en contra si se dejan crear condiciones favorables para su alimentación”, añade.

Esteban Ibarra, presidente del Movimiento contra la Intolerancia, también consideró que los grupos de extrema derecha son “marginales en España”, pero que “su capacidad de incitar al odio y a la xenofobia es importante”. Para Ibarra, la nueva ultraderecha persigue rentabilizar los conflictos sociales y “aspira a recoger los frutos de su agitación cuando se atraviese por un momento económico más crítico”.

El activista diferenció entre los partidos legales que “hacen de la xenofobia su bandera”, y los grupos que operan en la clandestinidad con violencia. En cuanto a los primeros, opinó que “están fuera de la ley de partidos y de la Constitución”, mientras que para los segundos reclamó que se aplique “la ley antiterrorista”. Asimismo, consideró necesarias “políticas inteligentes de inmigración y de fomento del respeto a otras culturas”.

Fascistas y antifascistas

La ONG SOS Racismo señaló citando fuentes policiales que a inicios de 2006 existían entre 11.000 y 15.000 jóvenes integrantes de bandas de ultraderecha. Según estos datos, a lo largo de 2006 las fuerzas de seguridad detuvieron alrededor de 50 personas identificadas como ultras y neonazis por actos violentos. Además, se han localizado más de 300 páginas web en los que se incita a la discriminación y al odio contra diversos colectivos, entre ellos, los inmigrantes.

Partidos como Democracia Nacional insisten en negar la importancia de las bandas neonazis y acusan a las autoridades y medios de comunicación de proteger a grupos que no dudan en calificar de “racistas ‘antiespañoles’ y violentos de izquierda con nexos terroristas”.

Sin embargo, la Coordinadora Antifascista de Madrid, que agrupa a diversos colectivos bajo el lema “Madrid antifascista, anticapitalista y antirracista”, asegura que su trabajo es “únicamente político”. Para este colectivo, la muerte de Carlos Javier Palomino no fue producto de un enfrentamiento entre bandas, sino que “fue asesinado por su condición política”. Desde 1992 han contabilizado ocho asesinatos de tinte ultraderechista y aseguran estar dispuestos a seguir movilizándose contra las manifestaciones de lo que consideran grupos “fascistas”.

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