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'EL CAFÉ'

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El ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, se puso en contacto el miércoles con la cúpula socialista de Madrid con el fin de que no hicieran demasiada ‘sangre’ con el alcalde, Alberto Ruiz Gallardón, por el escándalo de corrupción municipal desatado ese día tras la detención de 16 funcionarios por cobrar presuntas comisiones a cambio de licencias. Así lo aseguran fuentes socialistas conocedoras de estas conversaciones.

Ese perfil bajo, que buscaba no criticar en demasía a Gallardón, fue desplegado por el PSM en la jornada del miércoles. Rubalcaba transmitió estas instrucciones a Tomás Gómez, secretario general de los socialistas madrileños, revelan las mismas fuentes. El dirigente madrileño tuvo que acatarlas por disciplina de partido a pesar de las ganas que tenían los concejales de criticar duramente al regidor, exigiendo responsabilidades políticas ante la existencia en el Ayuntamiento de una trama organizada de 15 años de antigüedad, indican estas fuentes.

Rubalcaba comunicó también al resto del Gobierno que como ministro del Interior había acordado con el alcalde ese perfil, centrado también en destacar la colaboración del ayuntamiento de Madrid con las investigaciones de la Guardia Civil ordenadas por el juez José Santiago Torres desde que este verano la denuncia de un particular provocara la apertura de un sumario secreto. El ministro desmiente que el miércoles hablara con el regidor sobre este asunto.

Esta estrategia provocó el enfado del secretario de Organización del PSOE, José Blanco, quien tomó las riendas del caso y ayer convocó a los dirigentes del PSM en Ferraz para ordenar una dura oposición contra Gallardón, insisten las mismas fuentes. En la visión de Blanco, el camino marcado por Rubalcaba implicaba “encubrir” al alcalde, que además será un rival directo de los socialistas en las elecciones generales de 2004, porque va de número cuatro en la lista del PP.

Portavoces oficiales del PSOE desmienten “rotundamente” que Blanco se enfadara con los dirigentes madrileños y aseguran que éstos actuaron conforme a una estrategia diseñada y acordada entre el partido, el Gobierno y el portavoz municipal, David Lucas. "En una primera etapa tocaba que se explicasen los afectados, el alcalde y los concejales", indican estos portavoces y, ante la falta de explicaciones, ayer empezaron con la exigencia de responsabilidades al regidor.

Visto bueno a una comisión de investigación

Los socialistas pidieron ayer, y Gallardón aceptó, la creación de una comisión de investigación para esclarecer una trama de corrupción que afecta a dos concejalías, Urbanismo y Medio Ambiente. Hoy reclamarán un pleno extraordinario monográfico para que comparezcan las delegadas de las respectivas áreas, Pilar Martínez y Ana Botella. Además, el PSOE se personará en la causa como acusación particular.

En las primeras horas de la operación policial, el vicealcalde, Manuel Cobo, convocó una rueda de prensa en la que ciñó el escándalo a un grupo de funcionarios municipales y destacó la colaboración del ayuntamiento en la investigación judicial. Esto dio pie a que Rubalcaba respondiera con unas declaraciones que contradecían a Cobo al añadir que la operación "afecta a una serie de funcionarios y gente que no lo son". Dado que Rubalcaba no pronunció ninguna crítica política a Ruiz Gallardón, hubo socialistas que interpretaron esta actitud como que no quería atacar al alcalde.

Posteriormente, el alcalde Ruiz Gallardón declaró con solemnidad que “no va a tolerar” ninguna actuación irregular en el Ayuntamiento. Fuentes socialistas sostienen que el regidor, y los concejales, son responsables políticos del escándalo por acción u omisión. “Nadie se cree que en dos años no recibieran alguna queja verbal de algún extorsionado porque le exigían dinero a cambio de una licencia”, indican las mismas fuentes. O que en este tiempo no se detectaran irregularidades en ambos departamentos. Además, el PP gobierna la capital de España desde el año 1989, cuando sacó adelante una moción de censura contra el entonces alcalde, el socialista Juan Barranco.

La trama de corrupción investigada en la operación Guateque cobraba, al parecer, entre 3.000 y 18.000 euros por agilizar las licencias de apertura de locales de todo tipo, en especial las reaperturas en las que se precisan las obras de reforma que requieren autorización administrativa.

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