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La Asociación Defensor del Paciente toma cartas en el asunto. Su presidenta, Carmen Flores, ha enviado una carta a la fiscal jefe de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife, Carmen Almendral Parra, para que desde esta instancia se investigue la presunta alta mortalidad del servicio de cardiocirugía del Hospital Universitario de Canarias (HUC). Una decisión que ha tomado tras la publicación del caso el pasado martes en este diario, en el que se denunciaba la ocultación, por parte de la gerencia del citado hospital, de los resultados de una auditoría externa en la que se establecía la tasa de mortalidad real en cardiocirugía, tanto bruta como ajustada a riesgo.

La auditoría externa la realizaron dos facultativos designados por la Sociedad Española de Cirugía Torácica y Cardiovascular (SECTCV) después de las sospechas vertidas por un cirujano, ya despedido, que denunció reiteradamente a la dirección del hospital y a la Comisión Deontológico de la Organización Médica Colegial un índice de decesos en quirófano que duplicaba la media del resto de hospitales españoles.

Según Flores, la asociación que preside tenía conocimiento del caso desde hacía ya tiempo, incluso contaban con cierta documentación confidencial, pero no podían hacer nada: “Los pacientes desconocen la problemática y nosotros no podíamos denunciarlo si no teníamos pacientes”. No obstante, si se habían dirigido por carta tanto a la Consejería de Sanidad canaria como al HUC, pero “nunca contestaron”.

La carta remitida ayer a la Fiscalía de Canarias adjunta la primera noticia hecha pública por El Confidencial sobre el caso recordando que “lo más grave de este asunto es que la Administración no haya abierto una investigación y haya informado a las familias de los fallecidos por alguna irregularidad o negligencia” y, más aún, “la ocultación del índice de mortalidad de más del doble de lo que recoge la SECTCV”. Asimismo, solicitan “una investigación y depuración de responsabilidades del hospital, administración y de todos aquellos que tuvieron algo que ver con este penoso asunto”.

El denunciante y el denunciado

Las denuncias del cirujano rebelde, Ignacio Díaz de Tuesta se dirigían a su jefe de servicio, el doctor Rafael Martínez Sanz, de cuya defensa dio cuenta ayer este diario. El médico acusado de ‘mala praxis’ insiste en que todo el problema parte del conflicto laboral con Díaz de Tuesta, expedientado en varias ocasiones por falta de compañerismo hasta que fue despedido el 16 de agosto de 2006. Además, defiende a su equipo de cirujanos a capa y espada y considera que el HUC está entre los cinco mejores hospitales de España.

Martínez Sanz cree que si la mortalidad aumentó en algún momento fue por “el efecto desestabilizador de los protocolos de seguimiento que incumplía Tuesta” y recuerda que es muy delicado hablar de alto índice de fallecimientos en un servicio así, sobre todo porque el HUC opera a pacientes que la mayoría son “añosos” y con graves complicaciones añadidas como la hipertensión, la obesidad o la diabetes. La respuesta la tiene el informe oculto de la SECTCV.

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