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'EL CAFÉ'

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La Guardia Civil investiga a empresarios de Zaragoza y Navarra por la financiación de una red de inmigración ilegal desarticulada recientemente que organizaba y facilitaba la llegada de pateras desde la provincia argelina de Dellys hasta las Islas Baleares.

La denominada operación Kaskai, puesta en marcha hace uno año, ha supuesto la reciente detención de 11 personas residentes en las comunidades autónomas de Zaragoza y Navarra: diez argelinos y un empresario español, cuyo objetivo final era la contratación ilegal de inmigrantes para que trabajaran en empresas de ambos territorios.

Los detenidos, según las investigaciones de la Benemérita, gestionaban la compra de embarcaciones, organizaban los viajes y ofrecían apoyo burocrático una vez que los inmigrantes llegaban primero a Baleares y, posteriormente, a la Península.

Ahora, la Guardia Civil estudia la financiación de esta red por parte de empresarios cuya intención era que los inmigrantes llegaran a Mallorca, después a Barcelona vía marítima y, posteriormente, a Zaragoza y Navarra.

De hecho, los inmigrantes llegaban a Mallorca y Menorca en embarcaciones que llevaban Global Position Sistem (GPS), con ropa para cambiarse al llegar a las islas y utensilios de aseo para mostrar un buen aspecto, e incluso se desplazaban en taxi desde el punto de la costa donde desembarcaban hasta la capital balear, lo que demuestra que llevaban dinero consigo.

El delegado del Gobierno en las Islas Baleares, Ramón Socías, ha ofrecido esta mañana una rueda de prensa para dar cuenta de esta operación. En total, desde septiembre de 2006 han sido interceptadas siete embarcaciones procedentes de la zona de Dellys y han sido detenidos cerca de cien inmigrantes que han sido devueltos a su país de origen.

El trayecto desde Dellys hasta la costa balear, de aproximadamente 275 kilómetros de distancia, y las buenas condiciones del mar Mediterráneo han propiciado que los "traficantes" hayan empleado esta ruta.

Por otra parte, el delegado del Gobierno ha cuestionado la condena de tres años de prisión al patrón español de una de las embarcaciones incautadas por transporte ilegal de inmigrantes desde Argelia hasta España.

"Pensamos que el castigo debería haber sido más elevado" porque se trata de un delito contra el "tráfico de personas", y los delincuentes que "trafican con personas deberían" pasar más tiempo privados de libertad, ha defendido el delegado del Gobierno, quien ha aclarado que respeta la referida sentencia.

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