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El Gobierno aprobó este viernes el Real Decreto que regula las ayudas al alquiler de 210 euros mensuales para jóvenes de entre 22 y 30 años, que entrará en vigor el próximo 1 de enero, en el marco del Plan de Apoyo a la Emancipación e Impulso del Alquiler.

Además, la iniciativa aprobada incluye, en el caso de nuevos contratos de alquiler, un préstamo de 600 euros para cubrir la fianza que sólo será concedido una vez, así como 120 euros para el aval, siempre que éste haya sido contraído con un avalista privado.

Los jóvenes a los que se destina la renta básica de emancipación podrán disfrutar de ella durante un máximo de cuatro años, siempre que reúnan otros requisitos como ser titulares de un contrato de arrendamiento de la vivienda en la que residan con carácter habitual y permanente, así como disponer de una fuente regular de ingresos brutos anuales inferiores a 22.000 euros.

El documento aprobado entiende que tienen una fuente regular de ingresos los trabajadores por cuenta propia y ajena, los becarios de investigación y los perceptores de una prestación social pública de carácter periódico, contributiva o asistencial, siempre que puedan acreditar una vida laboral de al menos seis meses de antigüedad, inmediatamente anteriores al momento de la solicitud, o una duración prevista de la fuente de ingresos de al menos seis meses contados desde el día de su solicitud.

Otros de los requisitos dispuestos son la necesidad de poseer la nacionalidad española o pertenecer a alguno de los miembros de la UE o del Espacio Económico Europeo, o, en el caso de extranjeros no comunitarios, tener residencia legal y permanente en España.

Por otro lado, el Real Decreto establece que los interesados podrán solicitar el reconocimiento provisional del derecho a la renta de emancipación antes de arrendar una vivienda, ya que dispondrán de un plazo de tres meses, a partir de la notificación, para presentar un contrato de alquiler y el resto de documentación necesaria para empezar a recibir la ayuda.

En rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la vicepresidente primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, precisó que estas ayudas beneficiarán a unos 3 millones de jóvenes que "requieren una prestación para poner en marcha su propia vida". Además, aseguró que la renta de emancipación reportará "beneficios" a la economía y permitirá desarrollar el mercado del alquiler.

Gestión conjunta con las comunidades autónomas

Por otro lado, las comunidades autónomas se encargarán de gestionar y tramitar las ayudas, mientras que el Gobierno se encargará de realizar los pagos a los beneficiarios.

Así, los jóvenes podrán acceder al impreso e la solicitud a través de la web del Ministerio de Vivienda (http://www.mviv.es) y de los servicios de las Comunidades y Ciudades Autónomas donde se ubique la vivienda objeto del contrato de arrendamiento. Las solicitudes se presentarán en estas oficinas, dónde se comprobarán los aportados, y se resolverán en el plazo máximo de dos meses.

Posteriormente, las administraciones autonómicas trasladarán la resolución al interesado y al Ministerio de Vivienda que, una vez revisada, autorizará el pago de la ayuda a través de las entidades bancarias colaboradoras del programa.

Mecanismos de control del fraude

El Real Decreto establece también diversos mecanismos de control del fraude. Así, no podrán ser beneficiarios de las ayudas quienes tengan parentesco en primer grado o segundo grado de consanguinidad o de afinidad con el arrendador de su vivienda habitual.

Asimismo, los beneficiarios tendrán la obligación de comunicar a la Administración cualquier cambio en su situación personal que modifique las condiciones que le dieron derecho a percibir las ayudas.

Por último, el Ministerio de Vivienda comprobará, en colaboración con las entidades financieras adscritas al programa, que los beneficiaros están al día en el pago de la renta de alquiler.

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