El juez del 'caso Hidalgo' imputa a cinco personas por blanqueo y delito fiscal
Efe. Málaga.- 01/11/2007 12:35h
El magistrado del Juzgado de Instrucción número 2 de Marbella, Manuel Martín Hernández-Carrillo, ha imputado a otras cinco personas en el "caso Hidalgo", a los que acusa de los delitos de blanqueo de capitales y contra la Hacienda Pública, según han informado a Efe fuentes judiciales.
Este juez, que sustituye provisionalmente al magistrado titular del juzgado, Francisco Javier de Urquía, suspendido al ser investigado por el "caso Malaya", ha tomado declaración durante esta semana a los cinco imputados, y por segunda vez a Rafael Cruz Conde, fundador del despacho de abogados sobre el que se centra la investigación.
Entre los nuevos encausados está el director financiero del grupo propietario de los hoteles Puente Romano y Marbella Club, el director de uno de estos establecimientos, un asesor fiscal relacionado con dicha sociedad y un ex notario, según han apuntado las mismas fuentes.
El quinto imputado es el abogado Juan Germán Hoffman, procesado también en el "caso Malaya", sobre el que fuentes de su defensa han afirmado a Efe que no guarda relación con el resto de encausados ni con la nueva línea de investigación seguida por el juez en esta causa contra el blanqueo de capitales procedentes de actividades delictivas.
El "caso Hidalgo" se destapó el pasado abril con una operación en la que se practicaron 23 detenciones, entre ellas las de varios letrados y notarios de Marbella, y en la que se intervinieron 92 millones de euros depositados en 632 cuentas de 22 entidades bancarias.
La investigación se centra en el despacho de abogados de Marbella Cruz-Conde, cuyo fundador, Rafael Cruz Conde, otro letrado del despacho, G.L.N., y un economista, L.M.R, permanecieron en prisión preventiva dos meses, hasta que la Audiencia de Málaga decidió ponerles en libertad bajo una fianza de 200.000 euros.
La Fiscalía Anticorrupción relaciona dicho despacho con 800 sociedades que presentan en su constitución "características similares" y a las que considera "meros instrumentos para ocultar la procedencia y titularidad de los fondos" procedentes de actividades delictivas graves, como estafa o fraude a la Hacienda Pública, entre otras.
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