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A partir de hoy, la etiqueta de eficiencia energética no se limitará a los electrodomésticos, sino a las viviendas y los edificios de nueva construcción. Esto es así en virtud a la Directiva de Eficiencia Energética, cuyo periodo de aplicación obligatoria arranca este jueves, 1 de noviembre.

“Por primera vez se le ofrece una información al usuario sobre la calidad energética del edificio o vivienda que adquiere, del mismo modo que la ofrecen las neveras”, explica Josep Solé, director técnico de Ursa. “No es obligatorio ostentar la máxima calidad energética, pero sí permite que quien construya bien lo ponga en valor. Ahora ya dependerá de cada constructor, promotor o proyectista que sus edificios jueguen en primera división o en segunda regional”, afirma.

Los edificios representan el 40% del total de la demanda energética europea, lo que da idea del importante papel que juega la construcción en el equilibrio medioambiental, en un contexto de incesante aumento de los precios de los combustibles fósiles, principal fuente energética de España. De ahí la importancia de apostar por edificaciones sostenibles, respetuosas con el medio ambiente y que generen muna menor cantidad de emisiones de CO2, el principal causante del efecto invernadero.

Eficiencia de la A a la E

Esta nueva normativa afecta a los edificios de nueva construcción y a edificios sometidos a grandes rehabilitaciones con una superficie útil superior a 1.000 m2, en los cuales se renueve más del 25% del total de su espacio. En este nuevo escenario legal, y por primera vez en el sector inmobiliario, se establece el compromiso de informar de forma clara, objetiva y transparente a los compradores o usuarios sobre las características técnicas de los edificios, a la vez que se promueven construcciones que contribuyen al ahorro de energía.

Esta información técnica se materializa en una etiqueta energética, análoga a la utilizada en otros bienes de consumo como electrodomésticos o lámparas de iluminación. Incluye valores de la A a la G (de mayor a menor eficiencia energética) y permite evaluar las prestaciones energéticas, aportando nuevos criterios para la compra. La clase A representa del orden de un 75% de ahorro y la clase C, un 35%. Las clases D y E son las estrictamente reglamentarias, mientras que los tipos F y G quedarían fuera de la ley, al no cumplir los mínimos exigidos por el Código Técnico de la Edificación (CTE).

En contra de lo que puede parece, para Solé la consecución no supone un sobrocoste importante, sino “un incentivo para los agentes, para poner en valor sus productos”. De todos modos, el usuario debe verlo como una inversión inicial, que recuperará después fácilmente mediante el ahorro en el consumo energético de su vivienda.

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